Las elecciones del Frente Amplio, denominadas Consulta Ciudadana, despertó el entusiasmo de sus seguidores que se movilizaron, pese a que el primer error estaba ya consumado. No darse cuenta que las elecciones internas tenían fechas claramente establecidas en la ley. De esta manera la ONPE no le podía prestar asistencia técnica (no supervisión), con lo que el FA realizó dicha consulta en condiciones artesanales e informales. El segundo error fue la entrega de resultados. Aquí la tardanza es el primer enemigo de la confianza en un proceso electoral. Si encima se cree que todo se arregla con acuerdos políticos y no con reglas de juego claramente aceptadas y públicas, los problemas del propio proceso electoral les salta en la cara. Para consuelo del Frente Amplio, esto es muy común en los partidos políticos peruanos. Sin ir muy lejos, en mayo último, en las elecciones internas del APRA se suscitaron actos de violencia en varios lugares del país, al igual que en el 2009. El año pasado sectores del PPC criticaron sus elecciones internas. En AP, con motivo de las elecciones regionales y municipales se produjeron, por ejemplo en Arequipa, denuncias y solicitudes de nulidad de los resultados de las elecciones internas. También el año pasado, Rocío Andrade Botteri, hija de Alberto Andrade, fundador de Somos Perú, solicitó la anulación de las elecciones internas, por irregularidades. Ella y su madre terminaron saliéndose del partido. Muchos otros partidos no viven estas experiencias porque simplemente, pese a la obligatoriedad de la ley, no realizan elecciones internas, mostrando cuestionables documentos con los que quieren reemplazar a la realidad. En un contexto de débiles aparatos partidarios, exiguas militancias y democracia interna intermitente, organizar elecciones resulta siendo un serio problema, más que un incuestionable vehículo para seleccionar candidatos. Los partidos deben elegir a sus candidatos –aun cuando la propuesta de los partidos es reservarse el 25% para designar candidaturas– correspondientes a elecciones nacionales, regionales y locales, a través de cualquiera de las siguientes alternativas: elecciones directas con la participación de afiliados y no afiliados, elecciones directas solo con participación de afiliados o elecciones indirectas, con participación de delegados. Ninguna de estas modalidades es más democrática que la otra, solo que se realicen con estándares democráticos. En nuestro país, todos los partidos, de una u otra manera, están alejados de estos patrones, pues la necesidad de parte de sectores de dirigentes de controlar los procesos de selección de candidatos, es grande. Incluso en el caso que quieran hacer las cosas bien, el entusiasmo choca con el desconocimiento y falta de experiencia de organizar estos eventos, así como de carecer de condiciones materiales para hacerlas. Por ejemplo, no tienen un buen elaborado y depurado padrón de electores, carecen de estatutos electorales adecuados y comités electorales realmente autónomos. Ante esto, se ha planteado como un paquete de reformas, que el RENIEC elabore los padrones de los partidos, la ONPE organice de manera simultánea y en todo el país, las elecciones internas y que el JNE fiscalice y resuelva las controversias que se produzcan en el proceso. Son instituciones que tienen experiencia, personal, recursos materiales y, sobre todo, credibilidad. Sin embargo, los partidos se han opuesto totalmente a esta alternativa coherente, prolongando el cuestionable control que ejercen sobre la selección de candidatos, que nunca podrá ser democrática. Pero hay que ser claros, por más que estas se realicen de la manera señalada, no significa que los candidatos van a ganar y menos que sean los mejores. Una elección interna puede ser democrática, pero no garantiza la calidad de los elegidos.
