Como nunca la reforma política ha formado parte de la agenda pública. Si bien el tiempo ha quedado corto, el Congreso ha decidido discutir un proyecto de ley que modifica artículos de la Ley de Partidos Políticos. Esto sería auspicioso si no fuera porque la propuesta puede ser un retroceso, más que un avance. Es que no toda modificación de la norma debe ser considerada una reforma. Es cierto que las modificaciones legales por sí solas no cambian la realidad, pero dejar las cosas como están seguirá produciendo efectos perniciosos en la representación política. Por espacio, solo algunos comentarios al proyecto. Este carece de una mirada integral sobre el tema, como lo tiene el presentado por los organismos electorales, siendo producto de acuerdos de bancadas, cuyo número, nueve, termina retaceando cualquier propuesta, sobre todo si los más importantes líderes, Humala, García, Keiko, PPK, no le otorgan importancia debida o se hacen de costado. De esta manera, si el propósito declarado por todos es fortalecer e institucionalizar el sistema de partidos, el proyecto no está acompañado por medidas que correspondan a ese propósito. El proyecto no combate la fragmentación política, ahí donde ya se tienen inscritos 21 partidos a nivel nacional. Por ejemplo, se mantiene la inscripción a partidos que no alcanzan escaños, por el solo hecho de estar en una alianza electoral y a partidos que dejen de participar en un proceso electoral, lo que no sucede ahora. A nivel regional, la situación empeora pues un umbral del 5% a nivel departamental no significa nada. Puede no tener un solo representante y mantener la inscripción en donde ya existen 124 partidos de alcance regional, que en el 2018 saldrán a mercantilizar su inscripción. La manera que busca reducir el número de partidos es elevando a 5% el número de firmas de adherentes, equivalente a más de 800 mil. No es solo una exigencia extremadamente alta, sino que, como ha sucedido ante medidas como estas, hecha la ley, hecha la trampa. No hay manera de comprobar la veracidad de cientos de miles de firmas. Es más, la entrega de firmas no necesariamente demuestra tener una organización. Puede ser mucho dinero y/o mucha eficiencia en la falsificación. Si bien las alianzas electorales han sido los canales para la sobrevivencia de muchos partidos cuasi fantasmas, la medida tomada, elevar el umbral de representación a las alianzas 2.5% por cada partido, es irracional. Esto llevaría, por ejemplo, a que si un tercio de los 21 partidos inscritos decide establecer una alianza, deberá superar el 20% de los votos, de lo contrario no ingresarán al Parlamento, con lo que se tendrían miles de votos sin representación. Esto no es una medida, es una desmedida. En todo caso, pero no para esta elección, podrían prohibirse las alianzas e incentivar las fusiones de los partidos. La propuesta corta el impedimento del financiamiento público y señala sanciones, pero no hace referencia alguna al financiamiento privado, que es el tipo que siempre ha existido y por donde se han desarrollado todas las formas ilícitas y corruptas del ingreso del dinero a la política. Y lo novedoso y no menos polémico, propone cancelar la inscripción de partidos o denegarla si realiza actividades proselitistas en la entrega u ofrecimiento de regalos, dádivas u otros obsequios de naturaleza económica. Medida altamente subjetiva y puede ocasionar abuso de poder. Si a ello se agrega que en la propuesta no se toca el pernicioso voto preferencial, inexistencia de medidas efectivas y severas de control del financiamiento privado, elecciones internas sin intervención de los organismos electorales, entre otras ausencias, la consecuencia puede ser, con impactos negativos en diversas direcciones, una contrarreforma política.
