También han demandado ante el Poder Judicial la anulación de los lotes 64, 166 y 196 por haberse violado el derecho a la autonomía, la libre determinación, el territorio, y a la consulta previa.,Las 45 comunidades achuar asentadas en la cuenca loretana del Pastaza, organizadas en la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP), decidieron prohibir toda actividad petrolera dentro de su territorio, apelando al mandato constitucional del derecho consuetudinario. PUEDES VER: Ministros firmarían acuerdos con pueblo Achuar Carlos Elguera, del equipo legal del Instituto Internacional Derecho y Sociedad (IIDS) refirió que el pueblo achuar ha empezado a notificar este acuerdo a todas las instituciones del Estado en base al artículo 149 de la Constitución, que habla de la coordinación con las entidades estatales. “Lo que pretenden es que el Estado los apoye en hacer efectiva esta decisión. Por ejemplo, con el apoyo de la fuerza pública. Todo mediante coordinación y en el marco del estado de derecho”, anotó. El abogado refirió que dentro del territorio de esta etnia se encuentran superpuestos los lotes 64, 166 y 196, siendo el más antiguo el lote 64 creado en 1995. Es el único que se encuentra con un contrato. A finales del año pasado, mediante DS 031-2016, Petroperú cedió el 75% de sus acciones de contrato a la empresa Geopark Peru SAC, la misma que también ya ha sido informada por FENAP sobre el acuerdo de los comuneros que moran a lo largo de los afluentes del Pastaza: Manchari, Huasaga y Huituyacu. No es la primera vez que los achuar rechazan la actividad petrolera en el lote 64. Otras empresas que han pretendido operar a lo largo de estos años fueron objetadas y terminaron retirándose. En abril del 2015, este pueblo indígena demandó al Poder Judicial la nulidad de los tres lotes alegando violación al derecho a la autonomía, a la libre determinación, al territorio, y a la consulta previa. En la demanda también exige su reconocimiento como pueblo originario y la titulación de su territorio. Los querellados fueron inicialmente el gobierno regional de Loreto, por negarse a titular. El ministerio de Cultura, por no querer tomar las acciones de coordinación para el saneamiento del territorio en el marco de su competencia. Y Perupetro, por crear los mencionados lotes petroleros. El ministerio de Cultura consideró que este era un proceso muy complejo y que necesitaba involucrar a otras instituciones del Estado, e incorporó a siete adicionales. “Ahora están como demandados el gobierno regional de Loreto, el ministerio de Cultura, Perupetro, Petroperú, el ministerio de Defensa, el ministerio del Ambiente, el Congreso de la República, y la PCM. Finalmente el ministerio de Defensa dijo que se debía incluir al ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, cuando el pueblo achuar dice que se le reconozcan sus derechos y su territorio y que no quiere actividad petrolera en sus tierras, tiene que luchar contra ocho instituciones públicas en el proceso judicial”, explicó el abogado de IIDS.
