Maruja Crisante afirmó en un foro en el Congreso que el TPP tendrá un “impacto negativo en el gasto público y en el acceso a los medicamentos”. Al día siguiente, la ministra de Salud, Patricia García, dispuso su cese del cargo.,Como titular de la Digemid, Maruja Crisante sostuvo con firmeza en un evento público que el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) tendrá efectos negativos en el acceso a la salud, sobre todo para los más pobres, y en el presupuesto del sector. Solo un día después, este sábado, se promulgó la resolución con que la sacan del cargo. PUEDES VER: ¿Qué pone en juego el Perú si el Congreso ratifica el Acuerdo Transpacífico o TPP? En El Peruano se publicó la resolución 868-2016/Minsa, suscrita por la ministra Patricia García, que dispone su cese de las funciones que había asumido, en calidad de encargada, el 10 de octubre pasado como titular de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid). En su lugar, acaba de ser designada la químico farmacéutica Vicky Roxana Flores Valenzuela. El último viernes, Crisante participó como invitada en el foro público "TPP y acceso a medicamentos: ¿una ventaja para el Perú?", que se realizó en el Congreso, y fue firme al exponer la oposición de la Digemid hacia el cuestionado acuerdo internacional. Para sustentar su posición, citó estudios realizados por el propio Ministerio de Salud (Minsa), entidad de la que depende el Digemid. La salud en juego Principalmente, centró sus críticas hacia el TPP en que establece la protección de cinco años a datos de prueba para medicamentos de origen biológico, lo que dilataría el periodo durante el cual no podrían ingresar al país biosimilares, es decir genéricos con precios mucho más baratos, lo que supondría una desventaja para los pacientes de cáncer o enfermedades autoinmunes (lupus, diabetes mellitus y muchas otras), en especial los más pobres, que no podrían adquirirlos. "La protección de datos de prueba para productos biológicos es algo que no teníamos y creemos que puede constituir un problema", indicó durante su presentación en el foro. Según lo indicó Crisante, en el país "hay grandes grupos de pacientes que no pueden acceder a estas medicinas" por sus elevados precios, y el número de pacientes que requerirán de estas medicinas iría en aumento. "Las proyecciones de las enfermedades no transmisibles y del cáncer muestran que estos problemas se extenderían aún más, con un consecuente impacto negativo en la salud de más peruanos y también en la situación financiera de las familias y de las instituciones del sector", fue su advertencia. Si en las condiciones actuales, el panorama es sombrío, el TPP lo oscurecería aún más, es lo que se desprende de las palabras de la hasta el viernes titular de la entidad responsable de lograr que la población tenga acceso a medicamentos seguros, eficaces y de calidad. "Los estudios realizados por el Ministerio de Salud muestran que la protección de datos de prueba para productos biotecnológicos tendrían un impacto negativo sobre el precio y el costo del tratamiento, en el gasto público, en el presupuesto institucional y sobre todo en el derecho de las personas en el derecho de acceso a la salud que tienen las personas", alertó Maruja Crisante durante su ponencia en el citado foro. Para tener una idea, una medicina de origen biológico, como el trastuzumab (Herceptin), necesaria para tratar ciertos tipos de cáncer del seno, cuesta S/ 5 mil 420 por ampolla y se requieren de 20 a 30 dosis por tratamiento. Un medicamento biosimilar tendría un precio significativamente menor, pero el TPP retrasaría el acceso de este al mercado peruano. Enfrentamiento en el Ejecutivo En el mismo evento, entre los 11 invitados, participó también Teresa Mera Gómez, representante del Mincetur en el equipo negociador del TPP, quien fue enfática en afirmar que este tratado no tendría efectos negativos en el acceso a las medicinas. Sin embargo, desde el mismo Ejecutivo, Crisante sostenía lo contrario apelando a los estudios efectuados por el Minsa. El tratado internacional fue firmado con otros 11 países por el Gobierno de Ollanta Humala, en febrero de este año, y el actual Ejecutivo de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) lo ha enviado al Congreso en la búsqueda de su ratificación. En la actualidad se encuentra en la Comisión de Relaciones Exteriores y no se ha dispuesto su debate en ninguno de los otros grupos de trabajo, a pesar de que la discusión a nivel mundial ha dejado en claro que tendría impacto en distintas áreas de la vida de los ciudadanos.
