El Perú no tendrá un gobierno de coalición entre los que ganaron y perdieron la segunda vuelta. No tendrá un gobierno minoritario sobrellevado por la mayoría parlamentaria fujimorista. Y tampoco tendrá un gobierno respaldado por los otros grupos que perdieron en la primera vuelta, a excepción quizás de Alianza para el Progreso. La futura gobernabilidad es hasta ahora una adivinanza cuya respuesta empieza apenas a elaborarse, un modelo a organizarse hasta que se constituya el gabinete y acuda al Congreso a reclamar el voto de confianza. En el proceso destacan por ahora tres elementos: 1) Fuerza Popular ha empezado a dejar de poner condiciones para el diálogo; 2) El Frente Amplio no será parte del gobierno y es probable que pasa a la oposición en el primer tramo del partido; y 3) sobran mediadores y bisagras para los pactos arriba/arriba. El temor respecto de una cerrazón inicial del fujimorismo, que haga débil el inicio del gobierno de PPK, se ha conjurado en parte. Un simple saludo en pocos días entre el Presidente Electo y Keiko Fujimori podría no resolver ningún contenido por ahora pero habrá desbloqueado el proceso político. En adelante, el gobierno que se instalará el 28 de julio puede tener ante sí hasta cuatro alternativas para procesar consensos: 1) el acuerdo de “líneas rojas”, una especie de pacto expreso sobre grandes temas públicos, luego de lo cual cada grupo tendría vía libre para oponerse o aprobar el resto; 2) la colaboración “llave en mano”, es decir, la delegación de facultades para políticas de inicio de gestión que podrían referirse a los temas sobre los que trabaja actualmente el equipo de PPK (reactivación y formalización, anticorrupción, seguridad e inversión social); 3) la colaboración “express” sobre temas específicos, puntuales y de consenso rápido; y 4) el consenso “a palos”, es decir, los acuerdos alcanzados luego de tensas negociaciones y roces en los que la mayoría del Congreso recorte y lime las iniciativas del Ejecutivo. Es evidente que al gobierno entrante le serían convenientes las dos primeras fórmulas de relacionarse con el fujimorismo y con el resto de la oposición. En cambio si el proceso desembocara en las otras dos modalidades, el Ejecutivo tendría que buscar más apoyos sociales que le permitan enfrentar mejor su relación con el Parlamento. Más política de cara al país y a los medios. En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que en el Perú los pactos expresos y tácitos son moneda corriente y que especialmente en los últimos 15 años se han acordado pequeñas y grandes normas e instalados mecanismos de concertación, sobre todo sectorial. No obstante, el foro más concertador que desde el año 2001 se llama Congreso y es poco probable que desde el 28 de julio haya veda de acuerdos. Es justo decirlo que en nuestra política también existe vergüenza por el pacto aunque no parece ser la marca de los partidos sino de los caudillos. Esta vez sin embargo, dos realidades del posconflicto electoral condicionarán los acuerdos arriba/arriba: 1) el dilema entre pacto vs proyecto que toca al fujimorismo y al Frente Amplio; 2) y la necesidad por ahora insatisfecha de que los acuerdos sean para el cambio y no para la continuidad. La rápida reubicación de Keiko Fujimori, que reorienta su relación con PPK con una mirada puesta en el 2021 y no en el 5 de junio hace prever que el fujimorismo ensayará una oposición pendiente de las demandas sociales, menos condescendiente con la inspiración económica del nuevo gobierno. En la misma línea, el Frente Amplio condicionará su relación con el Ejecutivo a la agenda social ahora poco visibilizada. En ese contexto, serían los grandes temas que la política se resistió a abordar los últimos 15 años los determinantes de los alcances y límites de la gobernabilidad, los únicos que sirviendo para el consenso político también permiten a los actores políticos ganancias para el mediano plazo. http://juandelapuente.blogspot.pe/
