María Elena Castillo. Después de 8 años de la entrega del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ¿cuánto se ha avanzado en el proceso de reparación de las víctimas? Se dio un avance normativo durante el gobierno de Toledo, y en la época de García comenzó a ponerse en marcha. Sin embargo, el proceso de reparaciones se ha ido desvirtuando en el camino. Hoy no hay una comunidad o persona integralmente reparada. Se ha restituido solo una parte del conjunto de sus derechos. El ex presidente García afirmó que se ha cumplido con la reparación en muchas comunidades… No. En el gobierno de Toledo hicimos el primer plan nacional de reparaciones y concluimos que se necesitaban aproximadamente 1.150 millones de soles para concluir el proceso de reparaciones de forma integral en 10 años. En ese momento no estaba considerada la reparación económica individual porque estaba en discusión. ¿Qué incluye la reparación integral? El plan que recomendó la CVR tenía cinco componentes. Alan García trabajó uno solo de ellos, que fue la reparación colectiva. El costo promedio de ese componente era de 350 mil soles por comunidad, pero él dio 100 mil a 1.600 comunidades, generando una distorsión porque no significa que estén reparadas de forma integral. Faltan los otros aspectos… Así es, pero incluso en este tema nose ha usado la mejor metodología, pues en lugar de consultar a la población afectada, el gobierno dio el dinero en donación a los municipios y ellos ejecutaban los proyectos que querían. Las organizaciones de víctimas no se sienten reparadas porque muchas veces ni siquiera se enteraron de que las obras se realizaban con esa perspectiva. ¿Cómo se hará ahora? Vamos a recuperar el carácter integral de la reparación no económica, para lo cual recuperaremos los cinco componentes, que además de la reparación colectiva, están el jurídico-legal, salud, educación y la reparación simbólica. ¿Qué zonas se priorizarán? En el primer año queremos focalizar el trabajo en el ámbito de las comunidades altamente afectadas, que están en 8 o 10 regiones. De esa manera queremos ir cerrando comunidades, distritos, provincias, regiones y así cerramos el proceso a los 10 años, con los cinco componentes y la reparación económica. El derecho a la verdad también es una forma de reparación, pero los procesos judiciales por la violación de los derechos humanos están estancados, según informó la Defensoría, porque los militares no entregan la información que les solicitan. Eso es competencia del Ministerio Público y el Poder Judicial, pero vamos a coordinar con Interior y Defensa para ver cómo se puede obtener esa información. Las víctimas nos lo han pedido y nos hemos comprometido a ayudar en este proceso. “Reparación no debe ser menor a los 39 mil soles” Las víctimas no están de acuerdo con los 10 mil soles que les quiere dar el gobierno. ¿Se mantendrá esta cantidad? Estamos haciendo un trabajo técnico al respecto. Creemos que el monto no debe ser menor al que se pagó a los comités de autodefensa, que fue de 39 mil soles. No será lo que recibió Leonor La Rosa, pero al menos será lo que recibieron los comités de autodefensa. Para eso se tiene que derogar el decreto supremo 051… Pensamos modificarlo. ¿Se continuará con la exigencia de que el beneficiario no tenga posibilidad de mantenerse? Esa es una de las cosas arbitrarias que vamos a sacar. Además, la ley establece que el registro concluye con el de reparación, que nosotros creemos durará 10 años, pero el registro debe continuar cinco años más, por si hay más víctimas que incluir.
