Mafia malbarateó empresas nacionales en beneficio propio. Tras diez años de gobierno fujimorista se había vendido gran parte del patrimonio nacional , pero en las arcas del Estado solo quedaban $ 223 mlls. Infografía Rocío Maldonado. El proceso de privatizaciones constituye otro capítulo nefasto del decenio fujimorista y que pone en evidencia los manejos oscuros de los recursos del Estado. Sin transparencia, criterio técnico y pasando por alto el interés nacional, las empresas públicas fueron rematadas y no siempre al mejor postor. Entre 1990 y 2000 se ejecutaron 228 operaciones de venta, concesión o liquidación de empresas públicas, lo que generó un monto de US$ 9.221. Sin embargo, de esta cantidad solo ingresaron al Tesoro Público US$ 6,445. La diferencia de US$ 2.700 millones se destinó al pago de consultoras, bancos de inversión y a sanear las cuentas de las compañías privatizadas (el Estado asumió todas sus deudas antes de venderlas). El dinero que finalmente ingresó a las arcas del Estado se utilizó en menor porcentaje para los fines previstos y por el contrario se gastó en compras de armas, pagar la deuda externa, cubrir el déficit fiscal, y a financiar la re-reelección de Alberto Fujimori. “El decreto legislativo 674 establecía que el dinero de las privatizaciones se debía invertir en salud, educación, infraestructura vial, seguridad, erradicación de la pobreza y pacificación. Eso no se cumplió”, sostiene el ex legislador Javier Diez Canseco, presidente de la Comisión que investigó los delitos financieros durante el régimen fujimorista. A precio de regalo Diez Canseco refiere que no se manejaron valorizaciones previas adecuadas, por lo cual se subvaloró el precio de las empresas a ser privatizadas. Menciona el caso de la compañía envasadora Solgás, de la cual se vendieron el 84% de sus acciones a US$ 7.5 millones en 1992 cuando un año antes había tenido utilidades de US$ 2.9 millones. “Era absurdo vender. El operador que compró recuperó su inversión en 3 años y en 1996 vendió el 60% de sus acciones en US$ 39 millones. Se reveló una evidente subvaluación”, señaló. Otro caso escandaloso de subvaluación fue el de la refinería La Pampilla. En 1996 el Estado vendió el 75% de las acciones de la mayor refinería del país en $180 millones, cuando en 1994 la empresa había generado ingresos por $657 millones y utilidades operativas de $ 85 millones. Un análisis del proceso privatizador revela también que muchos operadores no cumplieron con los planes de inversión. Por ejemplo, Shougan se comprometió a invertir US$ 150 millones en Hierro Perú durante el periodo 92-95, pero no lo hizo y reprogramó su inversión hasta 1999. Finalmente, la empresa incumplió el compromiso y resolvió el problema con una penalidad de US$ 12 millones. El contrato no establecía mayor sanción. Aeroperú La venta de la compañía aérea reveló el uso de información privilegiada de personajes vinculados al gobierno. Roberto Abusada, asesor del entonces ministro de Economía Jorge Camet, fue a la vez representante del consorcio mexicano que ganó la buena pro. “Estos casos revelan la desnaturalización del proceso privatizador en beneficio de una cúpula mafiosa”, concluye Diez Canseco. Despidos masivos y monopolios Entre los objetivos de la privatización figuraba aumentar y mejorar la calidad del empleo. Sin embargo, hacia 1999 habían sido cesados 120 mil trabajadores de empresas públicas. Los nuevos operadores solo reabsorbieron el 36%, bajo condiciones de precarización. El caso de la Compañía Peruana de Teléfonos (CTP) y ENTEL es elocuente, pues antes de su venta tenían en conjunto 12.094 trabajadores. La masa laboral se redujo a 3.823 trabajadores cuando Telefónica la compró. Sin embargo, los trabajadores de empresas filiales de la transnacional suman ahora 15 mil en condiciones laborales de tercerización, sin ningún derecho de un trabajador formal. Tampoco se cumplió con propiciar la libre competencia en los servicios públicos. Nuevamente se puede citar el caso de Telefónica, que tuvo el control absoluto del mercado por años. También se puede mencionar a las empresas eléctricas Edelnor y Luz del Sur. Ambas se han dividido el servicio eléctrico en la capital y hasta la actualidad los usuarios no tienen posibilidad de cambiar de operador si así lo desean.
