Montesinos operó en nombre de ex dictador. Dueños, ex directores y publicistas que participaron en los pagos fueron condenados o están prófugos. César Romero Calle Durante su régimen, el ex dictador Alberto Fujimori utilizó el presupuesto de las Fuerzas Armadas para, a través de Vladimiro Montesinos, controlar a la mayoría de los diarios escritos y la totalidad de los medios de comunicación televisiva. Este hecho ha sido reconocido por su asesor Montesinos Torres. Además, este es un tema por el que Fujimori también deberá responder en juicio público, ya que, como se recuerda, la justicia chilena autorizó la extradición de Fujimori por el uso de fondos públicos para la compra del desaparecido Cable Canal de Noticias, por 2 millones de dólares, y los pagos a Eduardo Calmell del Solar, ex director del diario Expreso, por US$ 1’750,000. Montesinos declaró que pagó grandes cantidades de dinero a un grupo de diarios chicha para que pongan en primera plana noticias que levanten la imagen y favorezcan al entonces presidente Fujimori. Además se realizaron pagos para que se difame a los políticos de oposición y a los dueños y periodistas de los medios de prensa, como el diario La República, quienes no aceptaron someterse al régimen. El fallecido director de este diario, Gustavo Mohme Llona, y los periodistas Ángel Páez y Edmundo Cruz eran difamados diariamente por la prensa chicha. También se imprimieron y distribuyeron los panfletos “Repudio” y Repúdica”. La mejor prueba de la forma en que Fujimori controló a la prensa durante su régimen son los ‘vladivideos’ de su asesor Montesinos. Vladivideos En dos videos se ve a Montesinos cuando entrega 2 millones de dólares en efectivo a José Francisco y José Enrique Crousillat, por entonces propietarios de Canal 4 , para que ese medio apoye la re-reelección de Fujimori. Los Crousillat cumplen actualmente una condena de 8 años de cárcel por recibir ese pago. En otro video, Ernesto Schütz Landázuri, entonces principal accionista de Panamericana TV, recibe US$ 10 millones para que la línea periodística de ese canal sea favorable a Fujimori. Schütz se esconde actualmente en Suiza. También se encuentra prófugo Julio Vera Abad, ex director de Canal 9 de televisión, a quien se le ve recibiendo en otro video 50 mil dólares de Montesinos, con el mismo objetivo que los anteriores. Los hermanos Samuel y Mendel Winter, bajo la asesoría del abogado César Nakazaki, aceptaron que firmaron un contrato con Montesinos por casi 3 millones de dólares para poner a Canal 2 de TV al servicio del régimen fujimorista. Montesinos y los dueños de los diarios chicha, los hermanos Moisés y Alex Wolfenson, Pablo Documet, José Olaya, Alejandro Estenós, José Oliveri, entre otros, y los publicistas, como Óscar Dufour, que fueron intermediarios para los pagos han sido ya condenados a penas de 3 a 8 años de prisión. Esta es la prensa que Fujimori extraña para que informe como él quisiera sobre su proceso judicial. Llega el final Reglas claras. La Sala Penal Especial Suprema debatirá mañana las reglas que regirán la etapa de deliberación, votación y lectura de la sentencia que se dictará a fines de marzo a Fujimori. Washington. “El juicio de Alberto Fujimori, un ex jefe del Estado, es un acontecimiento positivo en materia de justicia internacional. Esperamos que el tribunal que lo juzga emita una sentencia justa que tenga en cuenta los estándares internacionales sobre responsabilidad por violación de derechos humanos”, anotó ayer Human Rights Watch. Éxito. “Esperamos que el juicio a Alberto Fujimori concluya con un éxito para el Ministerio Público”, declaró ayer la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz. Ahora pide prescripción César Nakazaki insistió en que su cliente no tuvo una defensa, cuando al estar prófugo en Japón se le abrió proceso por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y que luego de que se le nombró abogado de oficio, este no hizo nada para defenderlo. Además reconoció que Gorriti fue privado de su libertad por militares que “estaban facultados para detener personas”. “Se trata de un caso de abuso de autoridad por detención ilegal que tiene una pena mínima, por lo que ese hecho ya prescribió”, dijo a modo de justificación de los actos de su cliente. Agregó que, en todo caso, no se trató de un secuestro agravado porque “Gorriti no sufrió trato cruel ni humillante” y por ello se debe absolver al acusado. Gorriti ha rechazado todo ello y ha señalado que en su caso la dictadura tenía la intención de desaparecerlo. (Edición impresa La República )
