Ricardo Milla y general montesinista Carlos Indacochea más otros oficiales y familiares acapararon 206 hectáreas de la Comunidad de Paiján, en 1997 Textual ¿Conspirador? Al inicio de su carrera, 1975-1977, cuando servía en el Grupo de Artillería de Campaña Nº 3, con asiento en Moquegua, el alférez Ricardo Milla Herrera fue sancionado con la pena de treinta (30) días de arresto simple. El severo castigo intentó ser anulado o borrado del expediente en 1977 y 1980, infructuosamente. Sobre el motivo de esa sanción, fuentes militares la atribuyen a una causa grave: un intento de sedición contra el Presidente de la República de la época, general de división Francisco Morales Bermúdez, en el que se habría comprometido al joven oficial. Entre los compañeros de aventura se mencionan los nombres de dos oficiales que años más tarde, en la década de los noventa, desempeñarían funciones importantes en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), durante la siniestra gestión de Vladimiro Montesinos. Las fuentes se refieren al entonces capitán de artillería Edgar Camargo Camacho, quien en la década de los noventa llegó a ser jefe de la Dirección de Operaciones Sicosociales. El otro nombre que se menciona como partícipe de esa intentona es el de Jorge Fernández Servat, otro de los brazos del "Doc" en el SIN. Por EDMUNDO CRUZ Unidad de Investigación.- El general de brigada EP Ricardo Antonio Milla Herrera -quien hoy solicita al Congreso de la República se deje sin efecto su reciente pase al retiro de las filas del Ejército Peruano- se benefició indebidamente con la adjudicación de 25 hectáreas de tierras eriazas de la comunidad campesina de Paiján (departamento de La Libertad), en 1997. El entonces coronel Ricardo Milla se desempeñaba como jefe de estado mayor de la 32 División de Infantería (con sede en Trujillo). Para acceder a ese beneficio, el oficial de artillería se convirtió primero en comunero de Paiján. Sin mayor trámite se inscribió como miembro de la comunidad el 14 de febrero de ese año. El paso definitivo lo dio tres meses después, el 6 de mayo de 1997, cuando graciosamente recibió en propiedad un primer lote de 10 hectáreas. El 13 de junio siguiente le asignaron otras 15 hectáreas. Los predios concedidos son tierras comunales destinadas a la explotación agrícola por campesinos miembros de la comunidad, que de ningún modo podían ser adjudicadas a funcionarios públicos aprovechando éstos su condición de tales. Sin embargo, el 27 de setiembre del 2001, en su declaración ante la policía, Ricardo Milla Herrera admitió que esa adjudicación le fue concedida cinco años atrás en su calidad de jefe de estado mayor de la 32 División de Infantería, gracias a una invitación del presidente de la Comunidad Campesina de Paiján, Víctor Augusto Luna Victoria Tello. DIME CON QUIEN ANDAS... Ricardo Milla no fue el único oficial que se hizo comunero de la noche a la mañana. De la misma expeditiva forma se hizo de un lote similar de 24 hectáreas el general de división EP Carlos Indacochea Ballón, jefe en esa fecha de la mencionada 32 División de Infantería y compañero de promoción de Vladimiro Montesinos Torres. Esa promoción copó al año siguiente el comando del Ejército e Indacochea pasó a comandar la Segunda Región Militar. No sólo el general Carlos Indacochea, sino también su esposa, Blanca Villavicencio, y su hijo, Carlos Indacochea Villavicencio, obtuvieron sendos lotes de 44 y 18 hectáreas. Total, la familia Indacochea Villavicencio acaparó 86 hectáreas de las tierras comunales de Paiján. Otro divisionario, Roberto Villena Peñares, quien también ha salido por estos días a abogar públicamente a favor de Ricardo Milla, fue otro de los titulados con 25 hectáreas de tierras comunales. El intendente (léase, tesorero) de la misma 32 División de Infantería, comandante Rubén Aldea Huamán, se hizo del lote mayor: 70 hectáreas. RECONOCIMIENTO El grupo concentró en total 206 hectáreas. Todo permanecía en el más absoluto silencio hasta que el 29 de enero del 2001, cuando ya el poder fujimontesinista se había desmoronado, un informe de la colega Mónica Vecco, desde estas columnas de La República, enfiló los reflectores sobre este escandaloso hecho. Todos los personajes aquí mencionados fueron comprendidos en la investigación preliminar sobre presunto delito contra la administración pública entablada por la fiscal Ana Cecilia Magallanes contra Vladimiro Montesinos, Venero Garrido, Valencia Rosas, César Saucedo y Duthurburu. Pero, antes que el proceso avanzara más, en un acto de implícito reconocimiento de culpa, el 8 de febrero y 17 de setiembre del 2001, Ricardo Milla y Roberto Villena devolvieron los lotes de tierras que indebidamente se habían hecho asignar por la comunidad de Paiján. En octubre del mismo año, un parte de la Policía Anticorrupción concluyó que a la fecha no se había encontrado responsabilidad en el delito contra el patrimonio ni contra la administración pública en los casos de Indacochea, Villena Peñares, Milla Herrera y Aldea Huamán. La investigación policial fue derivada a la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, a cargo de la doctora Angela Magaly Báscones. Allí sigue.
