El jefe de la Oficina de Control Distrital de la Magistratura, Miguel Angel Guerrero Hurtado, de la Corte Superior de Lambayeque, reveló que se iniciará una exhaustiva investigación a la actuación del juez de la provincia de San Ignacio, Felícito Guerrero Sandoval, acusado de realizar un «doble juego» entre colonos y aguarunas, lo que ocasionó la muerte de 15 personas y 18 heridos. Por JUAN SAUSA, Corresponsal y Satélite Norte Chiclayo y la Flor de la Frontera ...... L a investigación se iniciará con la visita del jefe de la mencionada oficina a San Ignacio, para comprobar «in situ» las causas que originaron la matanza. El presidente del órgano jurisdiccional de Lambayeque, Manuel Huangal Naveda , aseguró tener conocimiento de que el juez Guerrero dio posesión a los dueños legales, es decir, los aguarunas, versión que fue desmentida por el congresista Luis Guerrero y el defensor del Pueblo, Walter Albán, quienes revelaron la existencia de indicios que probarían el «doble juego» realizado por el magistrado. Cabe recordar que tanto colonos como dirigentes nativos culparon al juez Felícito Guerrero Sandoval al igual que a los funcionarios del Proyecto de Titulación de Tierras (PETT) del Ministerio de Agricultura, quienes les alentaron a permanecer en la zona de Flor de la Frontera. El ex directivo de la etnia aguaruna Alberto Ramos, presidente de la comunidad de Los Naranjos, ratificó que fue el juez quien dejó abierta a los aguarunas la posibilidad de recuperar sus tierras de acuerdo a sus costumbres ancestrales, asegurando «tener documentos que prueban esta versión». En tanto el representante de los colonos, Pompeyo Linares Vásquez, reconoció que fueron los funcionarios del PETT y el referido juez quienes los estimularon a seguir en las tierras en litigio, garantizándoles que sus títulos saldrían en cualquier momento. «Además, las autoridades siempre nos dijeron que eran terrenos libres», dijo a modo de explicación. Investigación de oficio Por su parte, el fiscal de San Ignacio, Carlos Osores Padilla, inició investigación de oficio por delito de homicidio calificado para determinar a los responsables de la matanza. De las primeras indagaciones hechas por el Ministerio Público se desprende que los nativos habrían recibido apoyo de otras comunidades asentadas en la zona, con costumbres sociales menos civilizadas que los aguarunas. Hasta el momento han sido interrogados un total de diez testigos. Mediante un informe, el representante del Ministerio Público aclaró que el entierro de los cadáveres se produjo previa apreciación médica efectuada por galenos de Jaén y San Ignacio, designados por el ministerio de Salud. Sin embargo, debido a "la falta de equipo médico y ambientes adecuados en la zona para practicar las necropsias y lo dificultoso que resultaba el traslado de los cuerpos a la morgue más cercana como es la de Jaén, el magistrado procedió a entregar los cadáveres sin la necropsia, ante la evidente causa de muerte como era el disparo con escopetas y perdigones", indica el informe. Colonos se retiran Según el congresista Humberto Flores Vásquez, que integró la comisión multisectorial que llegó hasta Flor de la Frontera, los colonos involucrados en este lamentable suceso mostraron su disponibilidad a abandonar esta zona para evitar posibles nuevos ataques de los nativos. Dijo que han solicitado el apoyo de las autoridades del gobierno central para ser reubicados en otras áreas en las que no afecten los intereses de otros pobladores, mucho menos tratándose de representantes de etnias nativas. «Ellos afirman que su intención nunca fue provocar a los nativos ni invadir tierras con dueños», dijo el parlamentario. Guerrero advierte El congresista Luis Guerrero advirtió, a su vez, que existe el peligro de un nuevo ataque de nativos contra colonos en defensa de sus tierras, dada la corrupción imperante en el poder judicial y autoridades de programas de titulación de tierras. Guerrero, que visitó por dos días dicho poblado, constató in situ que no ha habido levantamiento de cuerpos con la presencia de un fiscal, de modo que no se ha podido descartar la violación de una menor. Indicó que en el viaje recogió elementos importantes que presentará hoy al Congreso y solicitará la conformación de una comisión investigadora para que encuentre la base del problema. "Estamos llorando sobre leche derramada, pero al costado de Flor de la Frontera existen pobladores en el asentamiento de San Pedro que tienen título de propiedad entregados por el programa de titulacion de tierras, pero son terrenos indígenas", advirtió. Saneamiento físico y legal de las tierras En Lima, el titular de Justicia, Fernando Olivera, anunció que una delegación de funcionarios de los ministerios de Justicia y Agricultura viajará a la zona de San Ignacio, donde se produjo la matanza, para ofrecer su apoyo en saneamiento físico y legal de las tierras, que fueron la razón del conflicto. Olivera advirtió que estos problemas de enfrentamientos por disputa de tierras pueden reproducirse en otras partes del país. Nativos son los dueños Mientras que la comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República pedirá informes a las autoridades de la Flor de la Frontera, provincia de San Ignacio, Cajamarca, para evaluar qué acciones toman frente al enfrentamiento entre colonos y aguarunas, su similar de Asuntos Indígenas y Afroperuanos no se pudo reunir de urgencia, puesto que la mayoría de sus integrantes estaba de viaje y no tuvo el quórum reglamentario. La presidenta de este último grupo de trabajo, Paulina Arpasi, informó que por ese motivo no pueden discutir el asunto, aunque existe la firme disposición de viajar a la zona para recoger información de primera mano. "Los indígenas somos poseedores de las tierras nativas, pero aún no podemos adelantar una opinión hasta realizar las investigaciones", manifestó. Autoridades no acataron orden judicial Fraguaron acta de desalojo .....Una sentencia judicial dio la razón a los nativos aguarunas de San Ignacio y ordenó el desalojo de los comuneros que se habían posesionado indebidamente de sus tierras. Pero el desalojo nunca se llevó a cabo. Las autoridades no acataron la orden judicial. Sin embargo, existe un acta según la cual la operación del desalojo se llegó a realizar. El documento está firmado por las principales autoridades de San Ignacio. El Defensor del Pueblo, Walter Albán , mostró ayer esa acta y dijo que no refleja la verdad de los hechos, pues nunca se llevó a cabo desalojo alguno. La situación sigue algo tensa, pero todo está bajo control, dijo ayer la doctora Yolanda Falcón , representante de la Defensoría del Pueblo en las investigaciones abiertas en torno a la masacre perpetrada por los aguarunas. Ella viajó a la zona, conjuntamente con otras autoridades, y comprobó fehacientemente que el saldo del ataque lanzado por los aguarunas fue de 15 muertos, un desaparecido y 17 heridos. La doctora Falcón manifestó que los colonos han abandonado las tierras que, indebidamente, habían ocupado. "Ahora la zona está bajo el control de la policía", señaló. Albán, por su parte, indicó que la Defensoría del Pueblo trató de evitar los enfrentamientos a través de un seguimiento del problema que proviene de hace dos años, aproximadamente. La doctora Falcón manifestó que hubo varios intentos de un arreglo pacífico, pero que lamentablemente no dieron resultado. Uno de los últimos intentos fue el ofrecimiento de entrega de otras tierras a los comuneros. Pero éstos rechazaron la oferta alegando que las tierras ofrecidas eran eriazas. Albán dijo que los nativos aguarunas, responsables directos de la matanza de colonos, tienen que asumir su responsabilidad. Podría haber atenuantes considerando una serie de factores de tipo antropológico e idiomático, pero no podrán escapar de su condición de autores de la masacre, señaló. Podrían sufrir carcelería, en aplicación justa de las leyes penales, agregó.
