Congreso: pericia asegura que diputada de Juntos por el Perú postuló con firma y huella falsa

La diputada Jacqueline Tapullima, integrante de la bancada de Juntos por el Perú, viene siendo cuestionada por presuntamente haber falsificado documentos en su postulación al Congreso. Un nuevo peritaje de la Policía Nacional, presentado por el dominical Cuarto Poder, compromete aún más su situación.

El reportaje mostró una comparación entre las firmas originales de la parlamentaria y la consignada en la declaración jurada que le permitió postular. El análisis identificó nueve diferencias en los trazos, bordes y curvas, por lo que concluyó que la firma es falsa. Consultada por el programa, la congresista señaló que esperará a ver hasta dónde avanza el proceso, sin explicar quién habría firmado el documento en su nombre.

El reporte de la PNP presentado al Ministerio Público indicó que la declaración jurada que respaldó su postulación también presentaba una huella digital que no sería suya. Por ello, la congresista afronta una investigación fiscal por presunta falsa declaración en procedimiento administrativo y delito contra la fe pública.

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De acuerdo con el programa, las pesquisas comenzaron a finales de mayo de 2026 y se centran en el mencionado documento que formalizó su candidatura por San Martín. Hasta el momento, sigue sin esclarecerse quién habría estampado la huella dactilar en el documento, así como quién falsificó la firma.

Cuestionamientos por trabajadora irregular

Además, Tapullima habría permitido que una ciudadana que no forma parte de la planilla del Congreso ni fue registrada como integrante de su equipo técnico trabajara en su despacho. Cuarto Poder reveló que la abogada Karolyn Bracamonte habría desempeñado funciones en la oficina de la congresista durante los últimos meses.

María Pinedo, extrabajadora del despacho de Tapullima, señaló que Bracamonte acudía a la oficina para brindar apoyo y aseguró que advirtió a la diputada que esta práctica no estaba permitida. Fuentes del programa dominical indicaron que la abogada realizaba estas labores con la promesa de obtener posteriormente un puesto en el sector público. De acuerdo con el reglamento del Congreso, no está permitido emplear a personas ad honorem.

Bracamonte habría ingresado hasta en 27 ocasiones al despacho de la congresista, en jornadas de entre cuatro y diez horas. Según Cuarto Poder, estas visitas sumarían más de 100 horas de permanencia en la oficina parlamentaria. Alejandro Rospigliosi, abogado constitucionalista, señaló que estos hechos podrían configurar un delito contra la fe pública. "Se enmascararía una visita como si fuera solo eso cuando es una visita de trabajo", indicó al programa dominical.

Asimismo, Cuarto Poder presentó una serie de chats en los que Bracamonte coordinaba proyectos con sus interlocutores. Al respecto, Tapullima pidió al equipo periodístico que continuara investigando la presunta actividad ilícita. Por su parte, Bracamonte confirmó al programa que no trabaja en el despacho, reconoció la autenticidad de los chats y aseguró que su presencia en la oficina respondía únicamente a labores de asesoría hechas por amistad con la congresista.