
"No tengo ningún afán político ulterior ni aceptaré cargo público alguno en el futuro, por razones de edad y salud". Eso fue lo que escribió José Chlimper en una publicación en X (antes Twitter) cuando asumió un cargo ad honorem en la Comisión Consultiva de la Presidencia de la República.
La cita se condice —al menos en parte— con lo que fuentes señalaron al semanario Hildebrandt en sus trece: Chlimper puede no ser el nombre elegido para ocupar un puesto como el de premier, pero goza de la suficiente confianza de Keiko Fujimori como para ser el encargado de buscar a un futuro reemplazante de Luis Galarreta. El exministro del fujimorato es hoy señalado como uno de los hombres fuertes del Gobierno de Fuerza Popular.
Desde el 15 de septiembre, Chlimper formalizó su cercanía con el nuevo Gobierno fujimorista. La creación de la Comisión Consultiva, un órgano de asesoría política cuya conformación fue suscrita por Fujimori, lo incluyó entre sus miembros. Chlimper asumió el cargo junto con otras dos figuras que no son nuevas en el fujimorismo: Jaime Yoshiyama y Arsenio Oré.
Su peso político no nació con este Gobierno. El ahora integrante de la Comisión Consultiva ocupó la cartera de Agricultura durante los últimos años del régimen de Alberto Fujimori. En el año 2000, solo días antes de la salida de Fujimori del poder, Chlimper impulsó y logró la promulgación de la Ley 27360, de promoción del sector agrario. La norma buscaba potenciar a las empresas agroexportadoras mediante la reducción de sus obligaciones tributarias. Aunque fue concebida como una medida temporal, permaneció vigente entre 2000 y 2020, bajo el nombre popular de 'Ley Chlimper'.
Sus críticos cuestionaron el costo laboral y la concentración de los beneficios. En su última modificación, el régimen establecía un pago diario de S/39,19, con CTS y gratificaciones incluidas, para cerca de 400.000 trabajadores. Además, según el Ministerio de Economía y Finanzas, 122 grandes empresas, de las 2.762 acogidas al régimen, concentraron el 73,2% de los beneficios tributarios en 2018. Tras varios días de protestas, el Congreso derogó la norma en diciembre de 2020.
Sin embargo, la polémica por su trayectoria como empresario agroexportador no se limita a la aprobación de una ley que benefició al sector. Desde su posición como hombre de negocios, Chlimper también ha asumido el papel de financista de las campañas de Fuerza Popular.
El portal de Claridad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) señala que, solo en este proceso electoral, Chlimper donó S/174.925 a Fuerza Popular.
Entre 2017 y 2018, Chlimper también realizó otras ocho donaciones: una al entonces candidato municipal Diethell Columbus y las siete restantes al partido fujimorista. Por estos últimos aportes, el monto entregado a la organización naranja ascendió a S/284.802,50. Si se suman ambas cifras, el exministro ha aportado históricamente S/459.727,50 a Fuerza Popular.
Durante la etapa política de Keiko Fujimori, Chlimper ocupó otros cargos antes de asumir como consultor en el actual Gobierno. Fue secretario general de Fuerza Popular y acompañó a la lideresa como candidato a la segunda vicepresidencia en la plancha presidencial de 2016.
Chlimper también fue investigado en el caso Cócteles, que la Fiscalía vinculó con un presunto esquema de financiamiento irregular de las campañas de Fuerza Popular. La acusación fiscal lo relacionó, desde su cargo de secretario general del partido, con el manejo de fondos y la estructura partidaria investigada por el presunto financiamiento irregular de las campañas fujimoristas.
Según la hipótesis fiscal, Chlimper habría participado en operaciones de presunto lavado de activos mediante la entrega de US$210.000 en efectivo a Hugo Francisco Delgado Nachtigall, apoderado del Grupo RPP, y otros US$266.000 a Manuel Abraham Zavala Chocano, vinculado a la campaña electoral de 2011. Ambas operaciones fueron relacionadas por la Fiscalía con pagos por servicios publicitarios.
La acusación fiscal contra Chlimper fue anulada parcialmente por el Tribunal Constitucional en noviembre de 2024. El organismo determinó que se había vulnerado su derecho a la defensa debido a las incongruencias entre los hechos que se le atribuyeron durante la investigación preparatoria y los consignados posteriormente en la acusación fiscal. Por ello, ordenó al Ministerio Público formular una nueva acusación que respetara los criterios establecidos en el fallo. La resolución no supuso una declaración de inocencia ni el archivo definitivo de la investigación.
En sus últimas declaraciones públicas, José Chlimper ha insistido en su intención de mantenerse al margen de la política: «Quieren usar mi nombre, no sé por qué, para debilitarlo. Pero ni Galarreta está en cuestionamiento ni yo estoy en ningún 'bolo', como lo dije hace 45 días. Por ambas razones, es totalmente falso», señaló a Canal N.
A sus 71 años, el exministro parece haber encontrado una nueva forma de permanecer en la política: lejos de los cargos de elección popular, pero cerca de las decisiones del Gobierno.

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