
Grave retroceso en la lucha contra la corrupción judicial. La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ), liderada por Roberto Palacios Bran, habría decidido reincorporar al juez Juan Varillas Solano al Séptimo Juzgado Comercial de la Corte Superior de Lima, a menos de dos meses de haber sido suspendido de su cargo, según trascendió en fuentes judiciales.
De acuerdo con dichas fuentes, la decisión ya fue notificada a la presidenta de la Corte Superior de Lima, Miluska Cano López, por lo que la reincorporación del magistrado se daría en las próximas horas o, a más tardar, entre lunes y martes.
Existen fuertes presiones para que regrese a su despacho antes de que el nuevo magistrado a cargo revise las medidas cautelares y, eventualmente, las anule, como sucedió en el caso El Comercio.
Juan Varillas Solano, juez civil de la subespecialidad de derecho comercial
¿Qué cambió? Según las fuentes, detrás de Varillas existe una red integrada por diversos magistrados, personal jurisdiccional y abogados que direccionan demandas y solicitudes de medidas cautelares hacia determinados jueces, donde reciben una atención especializada.
Este tipo de retrocesos ya ha ocurrido antes. Varillas ha sido suspendido entre los años 2016-2017 y 2024-2025. En octubre de 2024 incluso se llegó a solicitar su destitución, además de enfrentar un proceso penal; sin embargo, en cuanto el escándalo sale de la luz pública, todo queda en nada.
El pasado 20 de agosto, la ANC-PJ dispuso su suspensión por seis meses al considerar una falta muy grave que redactara sus resoluciones fuera del despacho judicial y en equipos informáticos no oficiales, lo que impedía su control posterior, tras comprobarse que almacenaba y trasladaba dichos fallos en un USB personal para entregárselo a su asistente e ingresarlo al sistema.
Además, se le cuestionó por no entregar ese dispositivo personal a los jueces de control en la fecha que él mismo había señalado.
Cuando los peritos informáticos revisaron la computadora de su despacho, hallaron que de 618 medidas cautelares dictadas, solo existía el archivo de 4 resoluciones. Las otras 614 se encontraban, supuestamente, en el USB personal cuyo paradero se desconocía por lo que era imposible saber y confirmar dónde las redactó, cuánto tiempo dedicó a cada documento y si efectivamente él hizo esa labor.
En la resolución de suspensión se consideró falta grave no encontrar registro de la edición de la medida cautelar en el caso El Comercio
Por otro lado, en el caso de El Comercio se estableció que el tiempo de edición del documento era de 00:00 minutos, a pesar de que el juez declaró haberlo revisado en su despacho varias veces antes de entregárselo a su asistente. Si se acepta su “varias veces” es de suponer en que cada revisión no cambió ni una letra, ni un número de artículo, ni un espacio, solo se dedicó a releerlos. En este caso, ¿por qué tenía que releerlo tanto?
Tras apelar la suspensión, la ANC-PJ le concedió una audiencia el 1 de octubre para que presentara sus descargos. Fue allí donde todo empezó a cambiar: Varillas habría convencido a los jueces de control de que su modalidad de trabajo solo constituye una falta leve y al contrario, es posible que debería concedérsele una condecoración por trabajar fuera del horario laboral y en equipos no oficiales.
La resolución de suspensión también puso enfasis en que el metodo de trabajo del juez impedía un control funcional de su labor
Las fuentes judiciales hablan de dos peritajes informáticos en el caso Varillas que se buscarían difuminar. El que no encontró los originales de 614 medidas cautelares y otro que probaría el ruleteo de las demandas y medidas cautelares. Habría 614 litigantes y grandes estudios de abogados que no quieren que se escudriñe en el procedimiento de esas demandas y medidas cautelares.
Además, se establecería que es posible que efectivamente, Varillas haya revisado varias veces la medida cautelar del caso El Comercio en su despacho, sin dejar rastro y que por eso la edición aparece en cero minutos. La ANC-PJ ha decidido creerle, de acuerdo con las fuentes judiciales.

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