
Un preso condenado por robo agravado, que cumplía la sentencia en el penal de Lurigancho, fue el protagonista de una fuga por la que ahora son investigados los dos agentes penitenciarios a cargo de su custodia.
A las 18.20 horas del martes 8 de septiembre, el interno identificado como Mayki Cagen Herrera Paredes aprovechó el traslado al hospital Arzobispo Loayza para huir por la puerta principal del nosocomio.
Herrera cumplía una condena de 18 años. Según la investigación, el interno se encontraba hospitalizado desde el lunes 7 por una hernia abdominal. Estaba bajo custodia de dos agentes de seguridad penitenciaria.
Apenas se confirmó la fuga, funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario comunicaron el hecho a la Policía para activar las acciones de búsqueda y recaptura. Hasta anoche continuaba como no habido.
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En cambio, los agentes penitenciarios fueron intervenidos por las autoridades policiales y conducidos a la comisaría del sector donde se realizan las investigaciones de ley.
El Inpe, por su parte, inició las acciones correspondientes, conforme al proceso célere vigente, según el Decreto Legislativo 1617, con el propósito de esclarecer de manera exhaustiva las circunstancias en las que se produjo la fuga y determinar las responsabilidades administrativas funcionales y/o penales que hubiera lugar.
Asimismo, se adoptarán las medidas disciplinarias y correctivas que correspondan contra quienes resulten responsables, sin excepción.
CAMBIAN AL DIRECTOR DEL INPE
Este escándalo se dio justo durante la exposición del pedido de facultades ante la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, en la que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda, explicó la importancia de su aprobación para realmente rediseñar el sistema penitenciario.
Como parte del Gabinete liderado por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, el titular del sector Justicia y Derechos Humanos detalló que se necesita modificar la normativa vigente para que permita que, por ejemplo, los directores de los establecimientos penitenciarios puedan ser oficiales en retiro expertos en seguridad.
En ese sentido, el ministro Álvarez expresó que, dada la legislación actual, se ha cambiado al presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y se ha designado al coronel (r) FAP Abraham Lescano. “Más de 25 años de su vida ha tenido cursos, preparación y formación en inteligencia”, resaltó.
También, la autoridad remarcó la necesidad de contar con los mecanismos legales para separar a internos y adecuar penales específicamente dedicados para aquellos que cometieron delitos violentos.
El ministro subrayó que, como parte del pedido de facultades, se requiere modificar el Código Penal para que permita el ingreso de la inteligencia de las Fuerzas Armadas a las labores operativas de la Policía y el Código Procesal Penal que calificó de excesivamente garantista y cuyo fin debería ser la seguridad del ciudadano común e inocente.





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