
El líder ashéninka, Américo Pascuala Tomisha, exjefe de la comunidad nativa Onconashari, ubicada en el distrito de Yurúa (Ucayali), fue asesinado el último domingo 23 de agosto, durante un patrullaje de vigilancia del territorio comunal, informó la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana.
El defensor ambiental identificó la presencia de terceros que presuntamente se encontraban extrayendo aceite de copaiba en su territorio. El encuentro derivó en un enfrentamiento en el que Américo Pascuala fue alcanzado por disparos de arma de fuego, provocando su muerte.
Según la información de Aidesep, el líder indígena ya había denunciado previamente la presencia de colonos y terceros dentro del territorio de su comunidad, y alertó sobre una situación de riesgo que este domingo terminó con la pérdida irreparable de un defensor indígena.
Desde AIDESEP, expresaron sus condolencias a su familia, la comunidad nativa Onconashari y al pueblo Ashéninka.
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Asimismo, se sumaron al llamado de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) para exigir justicia y una investigación efectiva que permita identificar y sancionar a los responsables.
La senadora Ruth Luque Ibarra exigió una profunda investigación por asesinato de líder ashéninka. "Exijo al Gobierno tomar acciones frente a la inseguridad que viven los territorios indígenas y los asesinatos a líderes indígenas", sostuvo.
El Perú registra más de 60 defensores ambientales asesinados desde 2012, convirtiéndose en una de las naciones más peligrosas de la región para los líderes que protegen la Amazonía.
Un informe de Global Witness documentó el asesinato de cuatro líderes indígenas en 2024 en regiones como Madre de Dios, Ucayali, Amazonas y Cusco. La gran mayoría de las víctimas pertenecen a comunidades nativas y pueblos originarios.
Como ya informó La República en casos anteriores, los crímenes contra activistas rara vez reciben una sentencia rápida o sanción completa para los autores intelectuales.
Los dirigentes de las comunidades en peligro advierten que mafias extractivas destruyen los bosques y contaminan los recursos naturales, mientras las rutas de la droga invaden y controlan territorios comunales protegidos.
A esto se suma la falta de presencia policial, fiscalización y justicia que permiten que las economías ilícitas operen con libertad.
En agosto de 2026, la policía capturó en Ucayali a Hugo Soria Flores, quien estaba prófugo y fue condenado por el asesinato de cuatro defensores ambientales de la comunidad de Alto Tamaya-Saweto. Antes, en mayo, había sido detenido el empresario José Estrada, por el mismo caso.
Las organizaciones sociales señalan que los protocolos estatales de protección para defensores en riesgo son lentos y carecen de presupuesto o apoyo policial.





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