Fiscal archivó crimen de líder comunal que denunció a empresario

El asesinato del líder comunero Santiago Guardamino Gonzáles ocurrió el primero de abril de 2024, cuando se encontraba luchando en los tribunales por la recuperación de un terreno que el exdirigente Abel Mosquera Ortíz, vendió fraudulentamente al empresario Aniceto Argüelles Loayza.

Sin embargo, el fiscal Renato Lavy Cora resolvió no continuar con las investigaciones sobre el homicidio de Santiago Guardamino, alegando que no encontró pruebas para acusar a nadie. Por el momento, el homicidio ha quedado impune.

Era conocido que el presidente de la comunidad de Quipán (Canta), Santiago Guardamino, recibía constantes amenazas de muerte desde que descubrió que Abel Mosquera, en complicidad con Aniceto Argüelles, consumaron la compra-venta de un terreno de 10.000 hectáreas por el irrisorio monto de S/600.000. Argüelles, uno de los más importantes contratistas del servicio de recojo de basura en varios distritos limeños, ha construido un relleno sanitario en dicho predio de la comunidad.

Guardamino logró iniciar procesos judiciales en los ámbitos civil y penal contra Mosquera y Argüelles y sus cómplices, con la finalidad de que el terreno revierta a la comunidad.

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Durante las investigaciones, la policía obtuvo cuatro teléfonos celulares que manejaba Santiago Guardamino. Era de suma importancia conseguir acceso a las memorias de dichos aparatos para identificar a las personas que amenazaban de muerte a Guardamino.

Sin embargo, la policía argumentó que no contaba con la tecnología para extraer la información. Y ante esto, el fiscal Renato Lavy señaló que su despacho tenía “demasiada carga laboral” y tampoco podía hacer dicho trabajo que podría ayudar a esclarecer el brutal asesinato de Santiago Guardamino.

La fiscalía a cargo del caso no tomó en cuenta que Guardamino recibió llamadas telefónicas amenazantes, entre ellas una desde el penal de Huacho. Le advirtieron que “dejara en paz” a la compañía Industrias Argüelles y Servicios Generales, de propiedad del empresario Aniceto Argüelles Loayza. Como se ha indicado, Santiago Guardamino denunció civil y penalmente a Argüelles por haber adquirido con documentos falsos, en complicidad con el expresidente de la comunidad, Abel Mosquera, un terreno de 10.000 hectáreas de propiedad de la comunidad de Quipán.

“Aló, Santiago, Santiago Guardamino, ¿me escuchas?, (…) Escúchame, papito. Déjame tranquilo a mi empresa Argüelles, por favor ¿ya?”, se escucha en el audio.

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Pero el fiscal Renato Lavy desestimó la evidencia.

“Si bien se cuenta con el archivo de audio en el que se menciona a la empresa Argüelles, no se ha acreditado su relación con la planificación o ejecución del ataque ocurrido el primero de abril de 2024”, señala el fiscal Lavy en la resolución de archivamiento de la investigación del crimen. No obstante, de haber accedido a la información contenida en los cuatro celulares de Guardamino, la investigación fiscal podría haber encontrado mejores pistas. Sin embargo, esta diligencia fundamental, como se ha mencionado, no se hizo.

Lo irrefutable es que el crimen se consumó cuando Santiago Guardamino y su comunidad habían logrado resultados favorables en el sistema judicial con la finalidad de recuperar el terreno de 10.000 hectáreas. De hecho, el 19 de enero de 2024 -dos meses antes del homicidio-, el dirigente comunal Guardamino formuló denuncia contra Aniceto Argüelles y sus cómplices.

Sin embargo, el fiscal Renato Lavy no encontró pruebas. Incluso desestimó los testimonios. “Las referencias sobre posibles autores se sustentan exclusivamente en comentarios posteriores, percepciones indirectas o versiones de terceros, sin respaldo en observación directa del ataque”, señaló el fiscal Lavy.

“No resulta posible identificar de manera cierta y concreta a la persona o personas que efectuaron los disparos, configurándose una insuficiencia probatoria para sostener una imputación penal individualizada”, concluyo. Para el fiscal, no hay culpables.

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Argüelles: ninguna vinculación

• La defensa de Aniceto Argüelles rechaza cualquier relación con el asesinato de Santiago Guardamino.
• El 6 de mayo de 2024, la Corte Suprema condenó al expresidente de la comunidad, Abel Mosquera, por la venta fraudulenta del terreno a Aniceto Argüelles.
• El 3 de enero de 2025, Argüelles aceptó haber intentado sobornar a la jueza Roxana Becerra Urbina, a cargo del caso del terreno de Quipán, y se acogió a la sentencia de terminación anticipada: 4 años de prisión suspendida.