Uchuraccay: 43 años de la masacre que marcó al periodismo durante el conflicto armado interno

Hoy 26 de enero de 2026 se conmemoran 43 años de la tragedia de Uchuraccay, uno de los capítulos más dolorosos del periodismo y de la violencia política en el país.

El 26 de enero de 1983, en la comunidad campesina de Uchuraccay (provincia de Huanta, Ayacucho), ocho periodistas, junto a su guía e intérprete y un lugareño que intentó defenderlo, fueron asesinados por comuneros locales que los confundieron con militantes de Sendero Luminoso en un contexto de miedo, aislamiento y desinformación.

Las víctimas fueron Eduardo De la Piniella (El Diario de Marka), Pedro Sánchez (El Diario de Marka), Félix Gavilán (El Diario de Marka), Willy Retto (El Observador), Jorge Luis Mendívil (El Observador), Jorge Sedano (La República), Amador García (Oiga), Octavio Infante (Noticias de Ayacucho), Juan Argumedo (guía e intérprete), Severino Huáscar Morales (comunero que trató de impedir el asesinato).

Los periodistas habían llegado a Uchuraccay para investigar los hechos violentos ocurridos días antes en la zona, en medio de una fuerte presencia senderista y tensiones entre pobladores y subversivos.

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Tras los asesinatos, el presidente de entonces, Fernando Belaúnde Terry, designó una comisión investigadora presidida por el ya fallecido escritor Mario Vargas Llosa. El informe concluyó que los comuneros actuaron por error al confundir a los periodistas con senderistas, aunque la interpretación de las causas y las responsabilidades ha sido objeto de debate y cuestionamiento desde entonces.

La masacre de Uchuraccay no solo marcó profundamente al periodismo, como la primera matanza colectiva de comunicadores en la historia del país, sino que, 43 años después, sigue siendo un símbolo de la violencia política y de la necesidad de buscar la verdad, tener memoria y pedir justicia.

Aunque hubo procesos judiciales que terminaron con condenas para algunos comuneros, no se ha logrado una justicia que satisfaga plenamente a los familiares ni una respuesta estatal integral que esclarezca todas las responsabilidades que rodearon el hecho.