Juez Richard Concepción Carhuancho: ANC del PJ lo amonesta por presunto retraso en ejecución de sentencia

El juez Richard Concepción Carhuancho, conocido por su papel en casos de alto perfil como Lava Jato, fue amonestado por la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial debido a un presunto retraso en la ejecución de sentencias en un proceso por asociación ilícita para delinquir. La sanción, de carácter leve, fue emitida mediante la Resolución N.° 22 el 30 de septiembre de 2025.

Según el documento, el órgano de control consideró que el magistrado retardó injustificadamente la atención de varios pedidos del Procurador Público del Ministerio del Interior, quien solicitaba requerir a los condenados el pago de reparaciones civiles impuestas por el Poder Judicial. El expediente en cuestión permaneció sin pronunciamiento efectivo entre 2018 y 2021.

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La resolución revelada por Infobae precisa que el retardo afectó la tramitación del expediente N.° 00181-2015-59, vinculado a una red criminal procesada por tráfico de drogas y extorsión. La ANC concluyó que el juez no observó la debida celeridad procesal exigida por la Ley de Carrera Judicial.

La amonestación no implica una suspensión ni afecta el cargo que actualmente ocupa el magistrado, pero constituye una falta grave registrada en su legajo. La ANC advirtió además que el comportamiento del juez vulneró el principio de “prontitud en la administración de justicia” y dispuso remitir copia de la resolución a la Presidencia de la Corte Superior Nacional.

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ANC del Poder Judicial consideró que el retraso fue injustificado

De acuerdo con el fallo de la ANC-PJ, el proceso disciplinario contra Concepción Carhuancho se abrió a raíz de una queja presentada por el Procurador Público Especializado en Delitos contra el Orden Público, quien denunció la demora en los pronunciamientos sobre los pagos de reparación civil. El órgano de control determinó que el magistrado demoró más de tres años en resolver solicitudes que, por ley, debían ser atendidas en un plazo de cinco días hábiles.

Durante su defensa, el juez alegó que el retraso no le era imputable, pues su despacho afrontaba una sobrecarga de casos complejos y contaba con solo una especialista legal, quien estuvo en licencia por maternidad durante parte del periodo en cuestión. Además, señaló que la pandemia de COVID-19 y el sistema de trabajo remoto dificultaron el acceso físico a los expedientes.

La ANC, sin embargo, desestimó estos argumentos. En su análisis, concluyó que el retardo no se debió a causas ajenas al juez, sino a una falta de diligencia funcional, pues la carga procesal no exime de cumplir con los plazos establecidos. Por ello, decidió imponerle una amonestación escrita, medida que también alcanzó a la especialista judicial Roxana Campos López, quien no presentó descargo dentro del plazo legal.