Pablo Sánchez asume como fiscal de la Nación interino en reemplazo de Delia Espinoza

Mediante la resolución N. ° 2956-2025-MP-FN de la Fiscalía de la Nación se ha designado al abogado Pablo Sánchez Velarde como fiscal de la Nación interino en reemplazo de Delia Espinoza, quien ha sido suspendida por seis meses por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). La medida se basa en que Sánchez es el fiscal supremo más antiguo de la Junta de Fiscales Supremos y ocupará el cargo más alto del Ministerio Público hasta el lunes, cuando la Junta de Fiscales Supremos defina al nuevo fiscal de la Nación.

"Siendo el fiscal supremo titular con mayor antigüedad en el Ministerio Público el abogado Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, por imperio de la ley, le corresponde asumir en forma interina el cargo de Fiscal de la Nación, por el plazo legalmente previsto en la Resolución de la Junta Nacional de Justicia N. 143-2025-PLENO-JNJ o hasta otra disposición", se precisa en el documento.

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Delia Espinoza fue suspendida por la JNJ

El pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) acordó el viernes 19 de septiembre de 2025 suspender provisionalmente por seis meses a Delia Espinoza como fiscal de la Nación y fiscal suprema, en el marco de un procedimiento disciplinario. La medida se sustenta en imputaciones de faltas graves y muy graves relacionadas con no acatar una decisión que ordenó la reposición de Patricia Benavides —hecho que la defensa de Espinoza cuestiona.

De acuerdo con la cronología del caso, la base del reproche es la Resolución N.° 231-2025-JNJ (13 de junio de 2025), que forma parte del expediente sobre Benavides y que fue citada en actuaciones posteriores. Esa resolución y sus actuados conexos son el punto de referencia que la JNJ invoca para afirmar que Espinoza no cumplió con lo ordenado respecto de la reposición de Benavides en el Ministerio Público.

Cabe precisar que la audiencia pública del 19 de septiembre se realizó sin la presencia de Espinoza; su defensa anunció previamente que no asistiría y que recurriría a la justicia constitucional al considerar que no había “debido proceso”. Tras la sesión, el caso quedó al voto y posteriormente se comunicó la suspensión.