Patricia Benavides: nueva ley contra el crimen organizado logró que 3 investigados sean alertados de allanamiento

La última modificación de la ley contra el crimen organizado generó que tres investigados en el caso de presunta organización criminal liderada por la exfiscal de la Nación Patricia Benavides sean notificados del allanamiento y registro domiciliario de sus domicilios.

Se trata de Abelardo César Caycho Ramis, Angie Liseth Távara Roque y Christian Genaro Alfaro Cáceres. En los tres casos, la disposición incluye el apercibimiento de descerraje, en caso de resistencia al mandato judicial. 

El allanamiento se desarrollará en las viviendas ubicadas en Huacho (Caycho Ramis), Pueblo Libre (Távara Roque) y San Borja (Alíaro Cáceres). 

Así lo dicta la medida: "Declarar fundado el requerimiento fiscal en el extremo de la medida de allanamiento y registro domiciliario de los inmuebles de los siguientes afectados: Abelardo César Caycho Ramis, Angie Liseth Távara Roque y Cristhian Generado Alfaro Cáceres".

Otros investigados

El expresidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Saravia, fue incluido —por la fiscal suprema Delia Espinoza— en las indagaciones que realiza sobre la red criminal que habría liderado la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, desde la cúpula del Ministerio Público, según 'Epicentro'. De acuerdo a la tesis fiscal, el magistrado habría operado como el presunto nexo de Benavides Vargas para apoyarla con la demanda competencial que ella presentó contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

En abril de este año, un aspirante a colaborador eficaz señaló a Francisco Morales indicó que este se comprometió a ayudar a la entonces fiscal de la Nación a lar las investigaciones disciplinarias en su contra en la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Según el informante, Patricia Benavides y sus exasesores Jaime Villanueva y Miguel Girao planificaron la demanda competencial ante la posibilidad de que la Junta la suspenda por la remoción de la exfiscal suprema provisional Bersabeth Revilla, quien investigaba a la jueza Enma Benavides por presuntamente recibir coimas a cambio de favorecer a procesados por narcotráfico.

“Ella junto a Jaime Villanueva y Miguel Girao Isidro planificaron que debían plantear una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional porque tenían que aprovechar que el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Saravia, es muy cercano al fiscal adjunto supremo Marco Huamán y por intermedio de él les harían el favor de declarar fundada la demanda competencial”, declaró el aspirante a colaborador eficaz en aquella oportunidad.