Ministerio del Interior interviene Fovipol por casos de corrupción

En la sesión del directorio del Fondo de Vivienda Policial (Fovipol) del 21 de febrero de 2020, se aprobó una inversión de S/341 millones para 7 proyectos inmobiliarios que contemplaban 1,005 viviendas unifamiliares. Hasta la fecha, Fovipol no ha entregado ni el 5% de las casas previstas, lo que ha generado protestas entre miles de efectivos policiales. En respuesta, el ministro del Interior, Juan Santiváñez, ha ordenado la intervención de la entidad.

Juan Santiváñez confirmó a La República que ha organizado una comisión interventora encabezada por él mismo que revisará toda la gestión del Fovipol, como la compra de terrenos para fines inmobiliarios, la adjudicación sin licitación de la construcción de las viviendas y la contratación sospechosa de consultorías.

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"También vamos a investigar la pérdida de los pagarés de los contratos de préstamos al personal policial que resultó beneficiado con la adjudicación de viviendas y revisaremos los contratos para la construcción de viviendas en todo el país destinadas a las familias de los policías”, indicó el ministro Santiváñez.

“Prácticamente se han robado los pagarés”, añadió.

El 4 de diciembre de 2023, una auditoría de la Contraloría General de la República expuso una serie de episodios de opacidad, corrupción e ineficiencia, y recomendó iniciar acciones penales contra oficiales de la Policía Nacional que estuvieron a cargo en la administración del Fondo de Vivienda Policial y servidores civiles.

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"En está investigación van a rodar cabezas no solo de generales sino de otros oficiales y subalternos de diferentes graduaciones, quienes estuvieron a cargo del directorio y de la administración del Fovipol. Estas personas son las que han originado millonarias pérdidas en agravio de miles de policías", enfatizó el ministro Santiváñez.

Una investigación de La República evidenció el caso del Grupo Inmobiliario Kinsa, al que el Fovipol le adjudicó la construcción de 680 viviendas en la región Piura por S/103 millones. Cuando la empresa tuvo listo un primer lote de 170 inmuebles, el general Samuel Peralta, quien en ese entonces era gerente general de dicha institución, se negó a recibirlo alegando pretextos sin sustento.

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La representante de la constructora, Valeria Landa Vásquez, informó a este diario que virtualmente fue extorsionada por los oficiales de la Fovipol, por lo que interpuso denuncias ante las autoridades.

Pero no es el único caso.

Según informó el ministro del Interior, también es materia de investigación la adquisición por S/27 millones de un terreno en la zona de Simbila, en el distrito peruano de Castilla, donde se supone que el Fovipol construirá viviendas familiares para los policías.

Sin embargo, un reporte técnico del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) determinó que el predio se encuentra ubicado en una zona de riesgo e inundable, debajo del canal de regadío, por lo que no es recomendable para la habilitación de viviendas.

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El ministro Juan Santiváñez dijo que en su opinión, el descuento de 5% que aplica el Fovipol a los policías en actividad y en retiro para el financiamiento de viviendas debería ser voluntario y no una obligación.