Controversia por la titularidad de la Procuraduría General del Estado

A la semana de emitida la resolución que otorga una medida cautelar para la reposición de la abogada María Caruajulca como jefa de la Procuraduría General del Estado (PGE), el Ministerio de Justicia aún no ha acatado la orden judicial. Más allá de las personas, la presente situación evidencia la desidia de los actores políticos en relación con una institución clave para la defensa jurídica del Estado.

Ayer, la abogada Caruajulca acudió personalmente a la sede de la PGE, en compañía de efectivos policiales, para efectuar una constatación formal sobre el impedimento de acceso.

Horas más tarde, remitió una carta notarial al ministro de Justicia, Eduardo Arana, en la que le insta a acatar la medida cautelar otorgada a su favor.

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“Solicito que de forma inmediata cumpla con gestionar la resolución suprema para que se me reponga en el cargo de procuradora general del Estado (...), caso contrario, me veré obligada a adoptar las acciones legales pertinentes”, expresa Caruajulca en la misiva.

Desacato

Sobre el tema, el Ministerio de Justicia informó ayer haber comunicado a la Primera Sala Constitucional de Lima que la ejecución de la medida cautelar “ha generado una controversia jurídica que afecta la institucionalidad del citado cargo”. Es decir, no acatarán el fallo.

El ministerio interpreta que la resolución “no especifica la forma” de ejecución de la medida cautelar en el contexto actual. Por ello, informaron que por ahora se encuentran a la espera de un nuevo pronunciamiento de los magistrados de la Primera Sala Constitucional.

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Débil institucionalidad

Caruajulca fue puesta en el cargo por Pedro Castillo en febrero del 2022, en reemplazo de Daniel Soria. Duró siete meses en el puesto. El 5 de octubre de aquel año, el mismo mandatario de entonces la sacó del cargo.

Durante su gestión, Caruajulca fue cuestionada por guardar silencio y no formular preguntas en un interrogatorio fiscal a Pedro Castillo.

De momento, la PGE sigue a cargo de Javier Pacheco, un abogado designado por Dina Boluarte e investigado por presunta corrupción. Todo esto ocurre mientras el Congreso tiene encarpetado un proyecto para la designación del procurador por concurso público.

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El Consejo Directivo notificado

La abogada María Caruajulca remitió previamente una carta notarial a Javier Pacheco, en la que le solicita abstenerse de ejecutar acciones como procurador y como presidente del Consejo Directivo de la PGE, en virtud de un mandato judicial que está vigente.

Este documento también fue remitido al Órgano de Control Institucional de la PGE, oficina que está vinculada con la Contraloría General de la República.