En el programa ‘Sin guión’, Rosa María Palacios se pronunció acerca del dictamen de ley aprobado por la Comisión de Constitución del Congreso, que determina que ninguna persona puede ser procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra por hechos que sucedieron antes del 1 de julio de 2022.
La comunicadora informó que, en el 2002, el Perú adoptó el estatuto de Roma, que fue creado por la Corte Penal Internacional que persigue dichos crímenes; además, indicó que, en ese mismo año, el país adoptó la convención de imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad o graves violaciones de derechos humanos, y que, por ese motivo, el Congreso quiere declarar que todo lo anterior al 2022 debe prescribir.
“El Congreso nos quiere decir que como el Perú adopta estas normas a partir del 2002 todo lo que pasó antes del 2002 ya prescribió. Si la pena antes del 2002 era de 25 años ha prescrito (…) No significa exonerar a las Fuerzas Armadas de los crímenes que pudieron haber cometido durante los 90 y 80 que no han sido juzgados hasta el día de hoy, sino que significa también exonerar a Sendero Luminoso por los crímenes que se les haya juzgado”, declaró.
“Incluso exonerar al MRTA por los crímenes que no hayan sido juzgados, porque todo lo que no fue juzgado y que fue efectuado antes del 2002 al 2024 ya está prescrito. Qué irresponsabilidad. Esta norma, por supuesto, tiene nombre propio. Lo que no quieren es que se juzgue a Alberto Fujimori en el caso Pativilca”, agregó.
Rosa María Palacios señaló que en 2010 se aprobó un decreto legislativo que declaraba prescrito todo delito de lesa humanidad o crímenes de guerra anterior al 2002; sin embargo, este fue derogado luego de que el escritor Mario Vargas Llosa se pronunciara en contra y renunciara de la Comisión de Alto Nivel, que se encargaba de organizar y gestionar la creación del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM).
“La señora presidenta de la Comisión de Constitución, Martha Moyano, tenía la iniciativa de darle curso rápido a este proyecto de ley presentado por el almirante Cueto y Fernando Rospigliosi (…) Esto ya pasó porque el Decreto Legislativo 1097 se aprobó en el año 2010 por facultades delegadas cuando en ese entonces el ministro de defensa era Rafael Rey. En ese decreto legislativo, proponía más o menos lo mismo, declarar prescrito todo lo anterior al año 2002”, dijo Palacios.
“¿Qué pasó? En ese momento, era presidente Alan García y Mario Vargas Llosa era el presidente de la comisión que organizaba el Lugar de la Memoria. Mario Vargas Llosa renunció en el acto protestando por la promulgación de un decreto legislativo que era darle impunidad a graves violaciones de derechos humanos. En una semana, el decreto legislativo finalmente fue derogado”, añadió.
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Palacios se refirió acerca del pedido de opinión por parte de la presidenta de la Comisión de Constitución, Martha Moyano, al abogado Humberto Abanto sobre el dictamen de impunidad.
“El señor Humberto Abanto ha ejercido la defensa de Alejandro Aguinaga en el caso de esterilizaciones forzadas y este es un caso de graves violaciones a los derechos humanos porque lo que se imputa desde la Fiscalía y desde las víctimas es que fueron esterilizadas sin su consentimiento, lo que constituye una grave violación de los derechos fundamentales”, dijo.
“El señor Aguinaga ha obtenido un amparo utilizando la tesis de que hasta el 2002 los crímenes prescribieron y no le pueden hacer nada. Llaman al señor Abanto para que dé su opinión especializada cuando es parte interesada”, añadió.