Pedro Grández: “Vemos a un poder cada vez más absoluto que está maniatando a los otros poderes”
El docente alega que en el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que propone la inhabilitación de la JNJ, se puede apreciar una absoluta manipulación del derecho.
El abogado y docente de Derecho Constitucional Pedro Grández analiza la manera en que, durante los últimos años, el Congreso ha ido acaparando cada vez más poder, a tal punto que —sostiene— el equilibro de poderes en el Perú se ha terminado por quebrar. Advierte que eso hace que estemos siempre ante el peligro del abuso.
-Si el Congreso destituye a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), ¿estaríamos frente a un golpe parlamentario?
-El término está algo trastocado. No lo llamaría así, aunque claramente hay un ejercicio irregular del poder por parte del Congreso. No me atrevería a ponerle un rótulo. Lo que hay es el rompimiento de un principio básico de un Estado democrático: el equilibrio de poderes. Y al romperse, vemos a un poder cada vez más absoluto, que está maniatando a los otros poderes. Y en este caso se pretende avasallar a toda la institucionalidad de la justicia. La JNJ es como un puente de engranaje del sistema de justicia, que articula la designación y ratificación de jueces y fiscales, algo especialmente relevante en un contexto en el que el centro de las discusiones de los últimos años ha sido la criminalidad del poder.
-Y hay que añadir que la JNJ también nombra y ratifica a los jefes de organismos electorales, como ONPE y Reniec.
-Imagino que cierto sector político en el Congreso ve que esta es la oportunidad. Parece que tienen el control sobre la comisión especial de selección (de los miembros de la JNJ). Como sabemos, el defensor del Pueblo la preside. Además, el Tribunal Constitucional, cuyo presidente también integra la comisión, ha sido, en decisiones clave, muy solícito a lo que espera cierto sector del Legislativo.
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-¿Nos estamos convirtiendo en una especie de autoritarismo congresal?
-Los cuatro elementos constitutivos de una democracia constitucional van diluyéndose.
-¿Cuáles son?
-Primero, la soberanía popular. La democracia requiere que el pueblo decida quién gobierna. Esa imagen está muy desdibujada. No es la mayoría la que eligió al Gobierno de Dina Boluarte. Un sector de la población, legítimamente, puede decir que votó por una fórmula y que gobierna otra, que hay una traición al voto popular. El segundo elemento son los derechos humanos, y hay problemas serios ahí.
-Con decenas de asesinatos en el contexto de las protestas.
-Violaciones a los derechos humanos, impunidad, paciencia enorme para investigar y falta de empatía para las víctimas. El tercer elemento es el Estado de derecho, el cumplimiento de la ley, que está haciendo agua todos los días. No son las reglas preestablecidas y razonablemente interpretadas las que deciden los conflictos políticos. Por ejemplo, en el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (que propone la inhabilitación de la JNJ) vemos una absoluta manipulación del derecho. Ese documento es claramente un fraude jurídico.
-¿Por qué?
-Por leer literalmente un artículo de la Constitución se viola otro artículo de la misma Constitución. Dicen que el artículo 156.3 es muy claro, nadie puede ser parte de la Junta si tiene más de 75 años. Pero hay otro artículo que, literalmente leído, señala que el nombramiento es de cinco años. Los que nos dedicamos a la interpretación de la Constitución sabemos que un consejo básico es que no se puede leer por separado, como islas. Hay que encontrarle un sentido, porque si no, se cometen una serie de despropósitos.
-¿Cuál es el cuarto elemento que está en peligro?
-Yo diría que se ha roto y no sé cómo se puede recuperar: el equilibrio de poderes, que es un elemento identitario de un sistema constitucional. Si no hay equilibrio de poderes, estamos permanentemente frente al riesgo del abuso. Lamentablemente, el TC ayudó a que ese equilibrio se rompa y no se recupere más. Por ejemplo, antes el Ejecutivo podía disolver el Congreso en caso de una segunda confianza negada. Bueno, eso se bajó de la Constitución con una ley. Y como no hay equilibrio, la posibilidad de que el Parlamento chantajee a quien se instale en Palacio de Gobierno es latente.
-¿Hay manera de recuperar ese equilibrio?
-Me parece que eso pasa por una asamblea constituyente. Hay que discutir de nuevo sobre el equilibrio de poderes.
-¿Qué ocurrió para que esta degradación de nuestra democracia se haya acelerado?
-Modestamente, me atrevería a decir que cuando salimos del autoritarismo de los noventa no supimos conducir un proceso de transición. Una transición seria hubiera pasado por reforzar las instituciones de control del poder, esa debió ser una apuesta central. ¿Cómo no reformamos el Ministerio Público, por ejemplo? Se mantiene con una Ley Orgánica de 1982 y su dinámica interna no ha cambiado en absoluto. En el Ministerio Público, dos o tres personas deciden la suerte de toda una organización que se ocupa de la persecución del delito.
-¿Diría que nos hemos convertido en una especie de parlamentarismo de facto?
-Eso está pasando, con la diferencia de que en los parlamentarismos, por lo menos internamente, hay oposición política que cumple una función importante. No hay nada malo, en esencia, en que el Ejecutivo esté controlado por el Legislativo. El problema es que no lo sinceramos y los acuerdos que se toman no se sabe bajo qué criterios se hacen.
-Analistas han dicho que detrás de esta degradación democrática no se ve a una figura central, sino a una confluencia de distintas fuerzas interesadas. ¿Suscribe esta lectura?
-Hay elementos que deben preocuparnos. La denuncia penal de un partido (Fuerza Popular) a fiscales y periodistas es uno. Nunca se ha visto tan visiblemente a una organización política que arme una estrategia legal para perseguir a los que constitucionalmente tienen el mandato de perseguir el delito. Es muy peligroso.
