PJ declaró infundada tutela de derechos del ministro de Justicia por caso Cuellos Blancos
Eduardo Arana Ysa se encuentra investigado por su presunto vínculo con el exjuez Walter Ríos, que forma parte de Los Cuellos Blancos del Puerto.
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria del Poder Judicial declaró infundada la tutela de derechos presentada por el ministro de Justicia, Eduardo Arana Ysa, contra la investigación preliminar del Ministerio Público que indaga sobre sus presuntos vínculos con el exjuez Walter Ríos, quien forma parte de Los Cuellos Blancos del Puerto. Se le recordó que es exclusiva función de la Fiscalía decidir el tipo de investigación que se efectuará, por lo que un juez no puede interferir.
“En su resolución, el juez Juan Carlos Checkley señala que es la Fiscalía la que decide el tipo de investigación que realizará de acuerdo a los delitos, implicados; y el juez no puede interferir en tales prerrogativas, vía tutela de derechos, por una razón legal y de competencia”, precisan a través de una publicación en Twitter.
En tanto, la Fiscalía investiga al titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en calidad de instigador de los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado y cohecho activo específico en agravio del Estado.
¿Por qué pidió Eduardo Arana una tutela de derechos?
El ministro Eduardo Arana Ysa solicitó al Ministerio Público aclarar la imputación en su contra, detallar el medio corruptor —en referencia a donativos, promesas o cualquier otra ventaja o beneficio requerido por el funcionario— y la declaración reservada de Gianfranco Paredes Sánchez durante la investigación preliminar.
La Fiscalía rechazó el pedido del titular del Minjus, por lo que ese acudió al Poder Judicial a través de la presentación de una tutela de derechos. La respuesta del PJ fue clara, un juez no puede causar una intromisión al trabajo de los fiscales, al ordenarles cómo deben guiar su investigación.
¿Qué es una tutela de derechos?
Una tutela de derechos es un mecanismo legal y constitucional que tiene como objetivo proteger los derechos fundamentales de las personas, asegurando su efectividad cuando estos sean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de particulares en determinados casos. La tutela se caracteriza por ser un procedimiento rápido, preferente y sumario, destinado a ofrecer protección inmediata a los derechos considerados esenciales para la dignidad humana, como el derecho a la vida, a la integridad personal, a la igualdad, a la salud, entre otros.
La solicitud de tutela puede ser presentada por la persona afectada, su representante o apoderado, e incluso por un tercero con interés legítimo, ante cualquier juez del ordenamiento jurídico, sin importar su especialidad. El juez, tras recibir la solicitud, debe actuar de manera expedita para valorar la situación y decidir si procede o no la protección solicitada. Si la tutela es concedida, el juez emitirá una orden dirigida a la entidad o individuo responsable de la vulneración, con medidas concretas que deben ser adoptadas para garantizar el respeto y la protección efectiva del derecho o derechos fundamentales en cuestión.