La iniciativa de Alianza para el Progreso para amnistiar a policías y militares que sean procesados judicialmente por acciones durante la lucha contra el crimen organizado y en el marco de un estado de emergencia ha sido calificada como una carta blanca para matar y como una norma de impunidad por expertos en derechos humanos.
Para el exadjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo Percy Castillo esta propuesta haría que cualquier exceso que cometan las fuerzas del orden en el combate contra la delincuencia no podría ser sancionado. Remarcó que sería un mensaje para que los agentes del orden puedan cometer todo tipo de delitos, incluso contra personas inocentes.
“Cualquier exceso que pudiera haberse cometido en la lucha contra la delincuencia quedaría impune. Eso es lo que viola los derechos humanos. Si mataron a alguien por error, quedaría impune; si golpearon a una persona porque se equivocaron al perseguir a un delincuente, quedaría impune. Entonces, le daría carta blanca para que se produzcan estos hechos sin responsabilidades posteriores”, alertó.
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En ese sentido, dijo que es un proyecto de ley “absolutamente inconstitucional” porque el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han señalado que no proceden las leyes de amnistía en situaciones donde pueden verse comprometidos actos violatorios contra los derechos humanos.
Asimismo, explicó que en nuestra Constitución la amnistía se contempla para eventos que ya ocurrieron y no para situaciones futuras.
“La ley de amnistía no se puede dar como una carta blanca para que hagas todo lo que quieras, eso es inimaginable. Sabemos bien que en las fuerzas armadas y policiales hay buenos y malos efectivos. ¿Queremos que malos efectivos tengan esta licencia? No, eso sería muy riesgoso para todos y todas”, acotó.
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Por su parte, la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Jennie Dador, sostuvo que este proyecto establece todo un marco de impunidad, al eliminar todos los límites a la acción militar y policial y sustraerla de toda responsabilidad en la forma de intervención en un operativo.
“Va a generar impunidad para aquellos malos efectivos de la policía o militares que, en el ejercicio de su función, no respeten sus protocolos y sus normas de intervención y maten gente”, subrayó.
Coincidió en que este planteamiento sería una carta blanca para matar, al explicar que lo que corresponde es que las fuerzas del orden deben de detener al criminal para que sea investigado y juzgado.
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“No podemos tener carta blanca para salir a matar a la gente. El proyecto lo que hace es autorizar de antemano a violar el derecho a la vida, a la integridad física sin que haya consecuencia porque te está diciendo que puedes hacerlo y no vas a pagar ninguna consecuencia”, dijo.
Agregó que la propuesta viola el marco constitucional del país y tratados de derechos humanos como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que prohíben matar y dañar la integridad física de manera indiscriminada.
Por su parte, el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) Juan José Quispe también sostuvo que esta iniciativa legislativa lo que intenta es darle impunidad a policías y militares que cometan violaciones a los derechos humanos.
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“Si se promulga este proyecto de ley, todos los policías que cometan graves delitos de violaciones a los derechos humanos, como matar a personas que se han rendido, van a tener el archivamiento de sus caso”, declaró el jurista.
El secretario general de Alianza para el Progreso, Luis Valdez, descartó que el personal policial pueda incurrir en excesos durante un enfrentamiento contra el crimen organizado, en la medida que este haga uso adecuado de sus armas de reglamento.
“Si la policía hace uso de sus armas de reglamento en contra de este tipo de crimen organizado, qué excesos se podrían cometer”, declaró.
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Dijo que se trata de un combate contra organizaciones criminales y que la policía debe estar cautelada por una amnistía.
“Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional muchas veces se ven envueltas en procesos judiciales y son encarcelados cuando hay algún fallecido dentro de este combate contra la delincuencia. Tienen que estar premunidos de una garantía y esa seguridad se llama amnistía”, afirmó.