La suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, solicitó al Ministerio Público que cubra el costo de su defensa ante la investigación que cursa por presuntamente ser parte de una organización criminal y tráfico de influencias, confirmó el Ministerio Público a este medio. "Informamos que la señora Liz Patricia Benavides Vargas ha solicitado el beneficio de defensa legal", precisó. Asimismo, indicó que el costo económico generado por el pago de los abogados aún está en evaluación.
De acuerdo con el documento presentado a la fiscal Delia Espinoza, de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios, Benavides acreditó a los abogados Juan Peña Flores, Juan Peña Aguilar, Jean Pierre Curi Carnero, Christian Salas Beteta, Felipe Salas Zegarra, José Rojas Eccoña y Renato Marquina Díaz para su defensa técnica.
Benavides deberá declarar el 25 y 26 de enero. Foto: TV Perú
Patricia Benavides es investigada por presuntamente liderar una organización criminal desde la cúpula del Ministerio Público cuando era fiscal de la Nación. Junto con ella, estarían implicados sus exasesores, Jaime Villanueva, Miguel Girao y Abel Hurtado.
Específicamente, Benavides es investigada por la presunta comisión de siete delitos. Estos son: organización criminal, falsedad ideológica, cohecho activo específico, tráfico de influencias, cohecho pasivo específico, encubrimiento real y personal.
El Ministerio Público (MP) citó a la extitular de dicho organismo para declarar acerca de las funciones que cumplió y acciones que llevó a cabo durante su gestión. El interrogatorio está programado para el próximo jueves 25 y viernes 26 de enero.
La defensa legal de Benavides, Juan Peña, informó a RPP que la exfuncionaria acudirá a la citación para exponer su postura sobre la indagación iniciada en su contra e informar acerca de la labor que realizó al frente del Ministerio Público, siempre y cuando se "respete el debido proceso".
En ese marco, Benavides solicitó la presencia de Alejandro Soto Reyes, Martha Moyano, Lady Camones, Ernesto Bustamante, Patricia Chirinos, José Williams, Gladys Echaíz, José María Balcázar, Arturo Alegría e Idelso García Correa.
La suspendida fiscal busca que un total de 12 personas, entre ellas varios congresistas, declaren ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y brinden sus testimonios en su defensa. La mayoría de dichos parlamentarios han sido nombrados en las conversaciones que sostuvo Jaime Villanueva, el exasesor de Benavides, acerca de las negociaciones que hizo la presunta red criminal para conseguir ciertos objetivos, como inhabilitar a Zoraida Ávalos, nombrar a Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo y remover a los miembros de la JNJ.