Congreso: SAC aprueba informe para inhabilitar por 10 años a ex primer ministro Aníbal Torres

La Subcomisión de Acusaciones del Congreso de la República aprobó el informe que propone la inhabilitación del ex primer ministro Aníbal Torres por el presunto delito de conspiración para una rebelión, denuncia presentada por el congresista Jorge Montoya. Con 13 votos a favor, cuatro en contra y tres abstenciones, Torres es sindicado de incitar a la ciudadanía a protestar en contra de los 'golpistas' y del Parlamento.

De acuerdo a la denuncia presentada por Montoya, Torres fue denunciado por infringir los artículos 38, 45 y 125 de la Constitución Política del Perú. El ex titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) había manifestado: "Si cada uno con esa energía que tienen, con esa capacidad que tienen, con esa voluntad para defender sus intereses, de sus hijos y de los hijos de sus hijos, que trajeran a Lima 50 personas cada uno. Entonces harían arrodillar a los golpistas, los obligarían a que tengamos una Constitución que beneficie a todos los peruanos y no solamente a una determinada clase, a un sector del poder económico”.

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Piden 15 años de prisión para Aníbal Torres

El Ministerio Público solicitó 15 años de prisión para Aníbal Torres tras ser acusado del delito de rebelión por su presunta participación en la planificación del cierre del Congreso, así como en un intento de golpe de Estado liderado por el expresidente Pedro Castillo.

En marzo de 2023, durante un allanamiento, la Fiscalía descubrió notas en el hogar de Torres que aludían al cierre del Parlamento y a una "reorganización de la Fiscalía suprema". Se encontraron también referencias a la idea de instaurar una nueva Constitución. Estos elementos indican una posible conexión entre Torres, Castillo y la exministra Betssy Chávez.

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Pago y restricciones

La Fiscalía incluyó al ex primer ministro Torres en su investigación sobre el presunto golpe de Estado perpetrado por Castillo Terrones. Como consecuencia, el Poder Judicial le impuso una medida de comparecencia con restricciones, además de exigirle el pago de S/20.000. Luego de abonar dicha cantidad, el ex jefe del Gabinete Ministerial ahora debe acatar ciertas normas de conducta, que incluye la prohibición de salir de Lima Metropolitana sin permiso judicial y evitar comunicarse con otros implicados en la investigación, entre otras restricciones.