Alberto Fujimori: CIDH rechaza libertad que ordenó el TC a favor del exdictador

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha rechazado la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que concedió la libertad a Alberto Fujimori, quien fue condenado a 25 años de prisión por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, pero salió sin cumplir en tiempo establecido. La Comisión considera que el exdictador salió de Barbadillo en "incumplimiento de las órdenes emitidas".

"La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechaza la decisión de Perú que ordenó la libertad al expresidente Alberto Fujimori, quien cumplía una condena por graves violaciones a los derechos humanos. Esto, en contravención de las obligaciones internacionales del Estado y en incumplimiento de las órdenes emitidas por la Corte IDH", se lee.

En un reciente comunicado le recordaron al Estado peruano que en el año 2022 ordenaron "no ejecutar la orden de libertad generada tras dicho indulto, debido a que determinó que no se cumplieron las condiciones determinadas en el marco de la supervisión de cumplimiento de las sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta". Asimismo, desde la CIDH resaltaron que conceder indultos a personas condenadas por "crímenes de lesa humanidad" genera "una forma grave de impunidad".

En otro momento, precisaron que el Perú ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y reconoció la jurisdicción contenciosa de la CIDH. Ante ello, el organismo internacional recordó que nuestro país "está obligado a acatar las decisiones que esta adopte en el ejercicio de sus facultades para supervisar el cumplimiento de sus sentencias y de emitir medidas provisionales".

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Presidente de la Corte IDH requirió al Perú no ejecutar fallo del TC que ordena liberar a Alberto Fujimori

El último martes 5 de diciembre, un día antes de que Fujimori deje el penal de Barbadillo, donde se encontraba recluido, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ricardo Pérez Manrique, emitió una resolución adoptando medidas urgentes, en la que requirió al Estado peruano no ejecutar dicho fallo hasta que puedan determinar si cumple con las condiciones que estableció en abril del 2022.

El máximo representante de la Corte IDH tomó la decisión para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, que fueron ejecutados por el Destacamento del Ejército Colina, y por los cuales el exmandatario fue condenado como autor mediato; sin embargo, el Estado peruano concretó la salida del exdictador.