Caso Salas Arenas: Estado peruano deberá informar sus medidas a Corte IDH

La Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer ayer la resolución sobre el caso del actual presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas.

El documento judicial supranacional ordena al Estado peruano adoptar las “medidas que sean necesarias para proteger eficazmente la vida y la integridad de Salas Arenas y su núcleo familiar”.

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Además, esta medida, de carácter provisional, le da plazo al Estado peruano para que informe a dicha corte las acciones que deberá tomar hasta el 29 de septiembre del 2023.

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Ante esta decisión, los órganos peruanos que persiguen el delito deberán iniciar y continuar con las investigaciones que estén en curso contra aquellos que hayan amenazado a Salas Arenas.

Entre esos procesos, se encuentra la indagación preliminar contra Roger Ayachi Soria, líder de la agrupación de extrema derecha Los Combatientes, por el presunto delito de acoso y violencia contra el presidente del JNE.  Dicha agrupación es una facción de la autodenominada La Resistencia.

Extrema gravedad

La Corte considera que este caso reúne todas las condiciones para la emisión de una medida de protección de esta envergadura.

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En ese sentido, constata la extrema gravedad, la urgencia y la necesidad de evitar daños irreparables.

Según el informe —que fue remitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)— se observa la “existencia de múltiples campañas públicas en su contra desde diversos sectores sociales y políticos a través de redes sociales y de medios de comunicación abierta”.

A partir de ello, la Corte ha verificado amenazas que considera concretas. La primera son las menciones y mensajes difundidos por diversas personas en redes sociales.

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La segunda son los actos de hostigamiento, llamadas telefónicas, manifestaciones y plantones que habrían afectado la esfera privada de Arenas Salas y su familia. Incluso, mencionan lanzamientos de bombardas afuera de su domicilio que habrían tenido la finalidad de evitar que este asista a la institución que dirige.

Crea jurisprudencia

Según comentó la expresidenta del Tribunal Constitucional Marianella Ledesma a La República, tener una medida de estas características habilita a la Corte IDH para pedir una rendición de cuentas al Estado peruano y supervisar el cumplimiento de la resolución.

Además, recordó que lo importante es que las acciones del Estado no solo deberían pasar por plantear investigaciones, sino también para que la Fiscalía asuma un rol protagónico de imputar la comisión del delito y que los casos lleguen al PJ.

“Este es un largo camino. No obstante, la trascendencia del caso es la jurisprudencia que incorpora”, afirmó Ledesma.

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Amenazas y campañas de desinformación

El caso Salas Arenas tiene un gran historial de ataques contra él y la institucionalidad del organismo que preside.

El 20 de mayo del 2022, el grupo radical La Resistencia realizó un plantón en las afueras de la casa de Salas Arenas.

El 6 de julio del 2023, el líder del grupo de ultraderecha, Roger Ayachi, vociferaba en las afueras del JNE que su consigna era enviarlo a la cárcel o a la muerte.

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El primer acto del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, fue reunirse con Ayachi en mayo del presente año. Luego dijo a La República que fue un error.

Ayer, en la Comisión de Constitución, el congresista de RP Jorge Montoya sostuvo que, tras las medidas otorgadas por la Corte IDH a Salas, “el retiro del Perú de la Convención Americana sobre DDHH se hace más que necesaria”.