La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, quien también es vicepresidenta de la República, cuestionó que el Congreso haya aprobado la ley que limita el referéndum para reformas constitucionales y lo calificó de un episodio “triste”. Dijo que los parlamentarios que apoyaron esta norma pasarán a la historia como los que silenciaron al pueblo peruano.
“Ya la PCM ha sacado un comunicado en el que vamos a plantear la inconstitucionalidad de esta norma que acaba de dar el Congreso. Yo lamento mucho que algunos congresistas tengan que ponerse de espaldas frente a un derecho que es la voz del pueblo peruano”, expresó Boluarte en declaraciones difundidas por Canal N.
“Yo creo que todo el pueblo peruano tiene derecho a decidir su historia. Y una de ellas es el referéndum, recortar ese derecho es triste y los congresistas que han aprobado esta norma pasarán a la historia por haberle dado la espalda al pueblo peruano, por haberle quitado el derecho al voto a un referéndum y por haberle callado la voz al pueblo”, agregó.
Boluarte precisó que hay legisladores de derecha que no quieren “avanzar en paz” y que no quieren “el equilibro de poderes que debe haber entre Legislativo y Ejecutivo”. Sostiene que aquellos parlamentarios no ayudan a que en el país haya “seguridad jurídica y política”.
“Así que este grupo de congresistas de derecha tiene su propia agenda: ser obstruccionista a un gobierno popular de Pedro Castillo que quiere poner las primeras piedras para hacer el cambio, para que no suceda esto que está pasando (el derrame de petróleo en el mar) y tengamos las leyes precisas y claras para que las empresas, como en este caso Repsol, no quieran eximirse de su responsabilidad”, prolongó.
La ministra de Estado dio estas declaraciones durante la entrega de alimentos a más de 300 pescadores artesanales de Ventanilla, quienes fueron afectados por el derrame de petróleo de Repsol.
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A través de un comunicado, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), encabezada por Mirtha Vásquez, anunció que interpondrá una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que restringe el referéndum para reformas constitucionales por iniciativa ciudadana, la cual fue aprobada por insistencia por el Pleno del Congreso.
De acuerdo a la postura del Ejecutivo, la norma aprobada “vulnera el derecho fundamental de participación ciudadana política directa de la ciudadanía, reconocido en el artículo 31 de la Constitución y en el artículo 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, al restringir arbitrariamente la realización de un referéndum y condicionar que la consulta popular sea aprobada previamente por el Congreso, lo cual sería abiertamente inconstitucional”.