Abren proceso a Alberto Fujimori y Alejandro Aguinaga por esterilizaciones forzadas

La justicia tarda, pero minutos antes de las once de la mañana del 11 de diciembre del 2021, tocó las puertas de las miles de víctimas de las esterilizaciones forzadas del segundo gobierno de Alberto Fujimori, entre los años 1995 al 2000. Aún falta mucho, pero comenzar el proceso ya es un gran avance.

En la voz y la decisión del juez Rafael Martínez Vargas, el Poder Judicial decidió abrir instrucción, es decir, iniciar proceso judicial al expresidente Alberto Fujimori y los exministros de salud Alejandro Aguinaga, Marino Costa Bauer y Eduardo Jong Motta como autores mediatos de esterilizaciones forzadas en agravió de 1.300 mujeres pobres y quechuahablantes.

Han pasado 25 años desde que Giulia Tamayo y la Iglesia católica presentaron las primeras denuncias de las “ferias” de esterilizaciones masivas. Son 23 años de la muerte de María Mamérita Mestanza tras someterse a una operación de anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV), que de voluntaria solo tenía el rótulo.

Son 23 años del informe de la Defensoría de la Pueblo que denunció la muerte de 18 mujeres luego de someterse al programa de AQV. Son 18 años desde que el Estado peruano reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que había violado los derechos de Mestanza, una mujer campesina de 23 años del distrito de la Encañada, Cajamarca, que fue sometida a acoso para que se operara.

Para abreviar en este recuento, después de nueve meses desde que el 1 de marzo del 2021 la Fiscalía presentó los cargos, y tras 15 sesiones dedicadas a la lectura de la resolución, el juez resolvió que Fujimori y sus exministros serán investigados por delitos de lesiones graves seguidas de muerte y lesiones graves, ilícitos cometidos por una estructura organizada de poder en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos.

El inicio de la investigación es inmediata para Aguinaga, Jong Motta, Costa Bauer y el asesor del ministerio de Salud, Ulises Jorge Aguilar. En tanto, respecto de Fujimori se deberá esperar el resultado de la solicitud al Gobierno de Chile para que amplíe los cargos por los que accedió a extraditarlo al Perú. El proceso no prescribirá.

Las audiencias y la lectura de la resolución se extendieron por varios meses con el objetivo de que cada intervención del fiscal, de los abogados de las víctimas, de los hoy procesados y del juez fuera traducida casi en simultáneo al quechua.

La decisión judicial recoge la denuncia que presentaron los fiscales Pablo César Espinoza y Carmen Rosa Crisóstomo.

El programa de esterilizaciones o AQV fue un proyecto desarrollado por el gobierno de Fujimori con el objetivo de modificar el comportamiento reproductivo de la población pobre, indígena y de zonas rurales quechuahablantes, con fines económicos, reducir la población de pobreza.

Para eso se ofreció y otorgó incentivos económicos y apoyo gubernamental al personal de salud, para que realizara las intervenciones como parte del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000.

Con el apoyo del Congreso se promovieron leyes para hacer legal lo que hasta ese momento era ilegal. Para cumplir las metas se promovieron campañas masivas, festivales y ferias de salud en las que las mujeres eran intervenidas sin la debida información, sin conocer las consecuencias y en lugares sin los requisitos mínimos de salubridad.

A muchas mujeres se les amenazó con enviarlas a prisión, que sus hijos no serían reconocidos por el Estado o se les entregó alimentos como única información previa. Luego de concluir la operación, sin escuchar sus molestias, las enviaban de regreso a sus casas y no se realizaba un seguimiento médico adecuado.

El juez leyó el nombre de 1.300 víctimas acreditadas a este proceso, pero son más. Los registros oficiales fueron desaparecidos. El proceso judicial se reconstruirá en los relatos orales y los pocos documentos que han sobrevivido.

En libertad

Comparecencia. La investigación se desarrollará con el Código Procesal antiguo, es decir, a cargo de un juez penal. Para los cinco procesados se dictó orden de comparecencia simple, con la obligación de acudir al juzgado cada vez que sean citados. La defensa de los procesados puede apelar la decisión.