Presentan PL que impide a empresas con socios procesados por corrupción contratar con el Estado

La congresista de Avanza País Norma Yarrow presentó un proyecto de ley que impedirá que empresas con socios procesados o sentenciados por corrupción celebren contratos con el Estado. A criterio de la legisladora, la iniciativa legislativa buscará prohibir los reglajes que muchas veces se presentan en los concursos públicos.

“La iniciativa busca erradicar la corrupción y a los actores más importantes de la misma, los que no forman parte del aparato público pero son los que siempre otorgan el beneficio indebido con la finalidad de ser favorecidos en los procesos de contratación”, declaró a la agencia Andina.

El proyecto subraya que estarían “impedidas de contratar con el Estado en forma definitiva y permanente las empresas cuyos socios, directores, gerentes, representantes legales o personas vinculadas cuenten con sentencia condenatoria firme en última instancia por delitos de concusión, peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, delitos cometidos en remates o procedimientos de selección o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros países”.

Para lograr el objetivo, el proyecto de ley considera necesario modificar el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, lo cual permitirá contar con un marco normativo adecuado que “promueva la transparencia y bien actuar de los concursos públicos”. La idea es que las personas con procesos o sentenciados por corrupción no tengan posibilidad de participar en licitaciones públicas.

“Sancionar a las personas naturales permitirá que bajo ninguna otra denominación de persona jurídica puedan ocultarse las personas que han contribuido con la corrupción en nuestro país”, indicó la parlamentaria Norma Yarrow.

Asimismo, señaló que con la aprobación de esta iniciativa se generará alicientes para que los empresarios interesados en participar lo hagan sin tener que ofrecer ningún tipo de beneficio a los funcionarios públicos.