Día clave para Perú Libre y su líder fundador, Vladimir Cerrón, y aunque él no será parte de la decisión judicial que se tome hoy, sí puede tener repercusiones en un futuro inmediato.
El juez penal nacional Jorge Chávez Tamariz decidirá si el secretario general de Perú Libre, Arturo Cárdenas, y dos excandidatos al Congreso de esa agrupación política deben afrontar con prisión preventiva la investigación a la organización “Los Dinámicos del Centro”.
La fiscal supraprovincial Vanessa Díaz ha sustentado un pedido de 36 meses de prisión preventiva para Arturo Cárdenas y otras 17 personas, quienes serían presuntos integrantes de una red criminal que negociaba con licencias de conducir y puestos de trabajo en el Gobierno Regional de Junín.
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El pedido también alcanza a los excandidatos al Congreso Waldys Vilcapoma Manrique por Pasco y Eduardo Bendezú Gutarra por Junín. Bendezú también se desempeñó como director de Transportes y Comunicaciones de Junín.
Igualmente, a Eduardo Reyes Salguerán, Francisco Muedas, Delio Caysahuana Martínez, José Lagunas Alvarado y Richard Mendoza Ticse.
Además, Felix Miranda Vilcahuaman, José Terrazos Jesús, Raul Córdova Luna, César Manta Barreto, Eidelber Núñez Gutiérrez, Máximo Rojas Paucar, Guillermo Munguía Arteaga, Alejandro Rojas Benites, Hernan Huaranga Lizarbe y Alfredo Rivera Santana.
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Este pedido fue inicialmente visto en la Corte Superior de Junín en junio. Una jueza desestimó el pedido de prisión que se sustenta en la alta pena que podrían recibir los involucrados y los vínculos políticos de los presuntos cabecillas.
Político. Arturo Cárdenas, secretario de organización de Perú Libre, aparece como el Nº 2 de ‘Los Dinámicos del Centro’. Foto: difusión
En julio último, el caso fue trasladado a Lima. La fiscal supraprovincial Vanessa Díaz asumió el caso, replanteó la hipótesis de la investigación y, con nuevas evidencias, volvió a requerir la prisión preventiva.
La Fiscalía sostiene que esta organización fue creada por Vladimir Cerrón con el objetivo de obtener un beneficio económico personal y financiar su movimiento político.
Para lograrlo han operado en dos ámbitos. Por un lado, el tráfico de licencias de conducir y en otro el direccionamiento de los contratos de trabajo a militantes de Perú Libre para que estos aporten un porcentaje al partido.
La Fiscalía sustenta la prisión preventiva señalando que la abundancia probatoria hace prever una condena y que por sus contactos políticos podrían entorpecer la investigación.
La defensa de los investigados niega los cargos criminales y sostiene que están colaborando con las investigaciones desde el primer día, por lo que no hay posibilidad de un entorpecimiento de las investigaciones.
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Para sustentar la prisión preventiva se requieren tres elementos: gravedad del delito, probable pena alta y peligro procesal (posibilidad de fuga o entorpecimiento).
La audiencia de prisión preventiva se realiza de manera virtual por la emergencia de la COVID-19. Los investigados se conectan vía internet desde el despacho de sus abogados o desde sus domicilios.
En este sentido, si el juez impone la prisión preventiva para todos o algunos de ellos, le corresponderá a cada uno ponerse a derecho o pasar a la clandestinidad. La decisión puede ser apelada. Si los investigados voluntariamente se entregan, tendrán mejor apelación.