El Congreso que agudizó aún más los conflictos durante una crisis sanitaria

La disolución del Congreso de la República el 30 de setiembre de 2019 fue aprobada por más del 80% de la ciudadanía. Esto suponía que los próximos congresistas estarían llamados a recuperar la confianza de la institución en poco más de un año de gestión. Sin embargo, la falta de experiencia, la pandemia del coronavirus y el corto tiempo hicieron tambalear esa idea.

Tal y como lo dijo por ese entonces el presidente del Parlamento, Manuel Merino, para cumplir con ese objetivo debían de “tener una actitud responsable, transparente y eficaz”, pero para los especialistas consultados por este diario, los legisladores no lograrían conseguirlo.

“Nos espera una tarea titánica. No hay tiempo para ensayar. No hay tiempo para improvisar. Ni para fracasar. Solo tenemos tiempo para actuar, concertar y trabajar”, fueron las primeras palabras del congresista de Acción Popular el pasado 16 de marzo, cuando los legisladores asumieron funciones.

Las normas inconstitucionales

No obstante, la gestión del Congreso estuvo marcada por controversias a poco tiempo de haber iniciado, debido a que algunas de las promesas hechas a sus simpatizantes no estaban amparadas en la Constitución.

En un contexto en que los casos de contagios aumentaban, el Parlamento perdió tiempo y dinero debatiéndolas, pese a advertencias de especialistas y del Poder Ejecutivo sobre su inconstitucionalidad.

La primera fue aprobada el pasado 3 de abril. Esta se refería a la suspensión del cobro de peajes en todas las rutas a nivel nacional durante el estado de emergencia por la pandemia. En mayo, por insistencia, se promulgó dicha norma.

Más tarde, el Tribunal Constitucional (TC) por unanimidad la declaró como inconstitucional, tras argumentar que había discordancias en los motivos de la iniciativa legislativa y aseverar que el Parlamento no dio algún sustento de cómo la ley ayudará a la lucha contra la COVID-19.

Un nuevo error del Congreso no tardaría en llegar. Días después de conocer la inconstitucionalidad de la anterior norma, aprobaron otra: el ascenso automático al personal de salud.

Esta vez, los parlamentarios no consideraron que el Congreso no tiene iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, por lo que también fue declarada inconstitucional.

Otra gran promesa era la devolución de dinero a los aportantes a la Oficina de Normalización Provisional (ONP), que era debatida desde abril y, finalmente, fue aprobada en diciembre por más de cien votos.

Dos meses después, los siete miembros del TC declararían la inconstitucionalidad del dictamen al afirmar, una vez más, que el Parlamento no tiene iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos.

Actualmente, hay varias normas observadas por el Poder Ejecutivo y otras que fueron y serán enviadas al TC, entre ellas resaltan la creación de varios distritos a nivel nacional, las leyes sobre las facultades sancionadoras de la Contraloría y la que establece un nuevo Código Procesal Constitucional.

La vacancia presidencial

La primera ola del coronavirus estaba en descenso y las noticias de que varias candidatas a vacunas serían aprobadas por la Organización Mundial de la Salud para su próxima distribución aumentaba la esperanza de la ciudadanía a nivel internacional. No obstante, en el plano político peruano la situación era muy diferente.

En noviembre el Congreso aprobó con 105 votos a favor vacar a Martín Vizcarra por “permanente incapacidad moral” en base a las declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces, quienes habían afirmado a la Fiscalía que el expresidente recibió pagos ilícitos a cambio de favorecer a empresas constructoras vinculadas al Club de la Construcción cuando era gobernador regional de Moquegua.

La encuesta de Instituto de Estudios Peruanos reveló días después que 9 de cada 10 peruanos rechazó la decisión de los 105 congresistas.

Tras la destitución presidencial, Manuel Merino asumió el cargo de presidente y Luis Valdez (Alianza para el Progreso), la titularidad del Congreso. Sin embargo, las masivas protestas a nivel nacional en las que se produjo los asesinatos de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado por la represión policial, obligaron al acciopopulista a renunciar al poder a los seis días de jurar al cargo.

El encargado para asumir su lugar fue Francisco Sagasti (Partido Morado), mientras que Mirtha Vásquez (Frente Amplio) quedó a cargo del Parlamento. Ambos se han mantenido en sus puestos hasta la fecha y se espera que continúen hasta que el próximo presidente y Congreso asuma funciones.

Posteriormente, el Poder Legislativo suspendió a Vizcarra de asumir la función pública por 10 años debido a su vacunación irregular con las dosis de Sinopharm. Este hecho lo había confesado abiertamente a los medios de comunicación.

Las mociones de censura

Desde que Sagasti y Vásquez asumieron funciones, varios legisladores de diversas bancadas han impulsado mociones de censura para retirarlos del cargo.

La primera de ellas fue presentada en abril por el parlamentario de UPP Posemoscrowte Chagua contra el presidente, luego de que la excanciller Elizabeth Astete afirmara ante la Comisión Permanente que él conocía acerca de su vacunación irregular con las dosis de Sinopharm (Vacunagate). Esta, finalmente, no fue admitida por el Pleno.

Un mes más tarde, el congresista César Gonzáles, de la bancada Descentralización Democrática, presentó un recurso similar contra el mandatario al aseverar que había una “deficiencia de su gestión” para enfrentar la pandemia y otra contra la Mesa Directiva, que preside Vásquez, por haberse aprovechado de su cargo contra alguno de sus colegas. El Pleno desestimó ambos pedidos por mayoría de votos.

La última de las mociones de censura presentadas contra la Mesa Directiva fue impulsada por los congresistas Kenyon Durand Bustamante (Acción Popular), Carlos Mesías Ramírez (Fuerza Popular), César Gonzales Tuanama (Descentralización Democrática) y Perci Rivas Ocejo (Alianza Para el Progreso), la cual no fue admitida para su debate el último 30 de junio.

La cuarta legislatura

El Congreso aprobó dividir la tercera legislatura para acceder a una cuarta a fin de debatir las iniciativas legislativas pendientes, pero esta medida ha sido cuestionada debido a que en palabras del constitucionalista Omar Cairo, “es inconstitucional”.

Por otro lado, el constitucionalista César Delgado-Guembes expresó su molestia antes de la aprobación de la norma, debido a que los congresistas tuvieron tiempo de debatir las iniciativas legislativas, pero no lo hicieron.

“No puedes estar cambiando las reglas cuando se te ocurren... Todo eso que están haciendo ahora han podido hacerlo en estas tres legislaturas y no lo han hecho por negligencia, incompetencia, inexperiencia o porque no han querido hacerlo. El Congreso está actuando de manera improvisada”, manifestó.

El Colegio de abogados de Ayacucho ya había presentado una demanda de inconstitucionalidad ante el TC contra la cuarta legislatura. De aprobarse el fallo, todas las normas debatidas durante ese tiempo podrían ser declaradas nulas.

La elección de magistrados del TC

La elección de los nuevos magistrados del TC es una controversia que viene desde el pasado Congreso, justamente, fue una de las razones por la cual fue disuelto por el entonces presidente Martín Vizcarra.

El actual Parlamento, al poco tiempo de entrar en funciones, aprobó, por mayoría, dejar sin efecto el proceso que quedó pendiente. Meses después admitieron una norma que les permita elegir a los nuestros tribunos solo a través de un proceso de concurso público y de los candidatos finalistas, los elegidos sean designados por los congresistas.

Para esto, aceptaron instalar una comisión especial que se encargue del proceso de selección. Las irregularidades iniciaron nuevamente. Fueron excluidos 35 candidatos en la primera etapa y no revisaron tres reclamos. Además, aprobaron la lista de postulantes aptos sin tener las carpetas de los candidatos a la mano, solo se basaron en un resumen elaborado por un equipo técnico.

Tras la vacancia y las protestas en noviembre de 2020, las bancadas retiraron a sus representantes de la comisión especial. Sin quorum, el proceso no pudo continuar. Meses después de la crisis, el concurso volvió a reanudarse.

A poco tiempo de que el Congreso termine sus funciones, los legisladores planificaron elegir a los nuevos magistrados. El Pleno iba a votar por los candidatos seleccionados por la comisión, pero la jueza Soledad Blácido Báez dispuso que se suspenda el proceso provisionalmente al admitir una medida cautelar presentada por el abogado Walter Ayala.

Entre los argumentos que expuso Ayala indicó que la comisión especial no publicó al detalle las puntuaciones en los rubros de solvencia moral, trayectoria y proyección personal. Tampoco publicaron la motivación de estas calificaciones.

El Partido Morado, Frente Amplio y Frepap decidieron acatar la resolución y no participar; sin embargo, las demás bancadas continuaron con el proceso. A pesar de ello, los tres primeros candidatos en orden de mérito no alcanzaron los votos suficientes de los congresistas para ser elegidos magistrados y decidieron pasar a un cuarto intermedio.

El Ministerio Público inicio investigaciones contra todos los congresistas que no habían acatado la disposición judicial, lo que provocó la reacción de los parlamentarios, quienes amenazaron con continuar con la elección. No obstante, no se volvió a tocar el tema en el Pleno, por lo que el próximo Congreso podrá continuarlo con mayor calma.

Lo más rescatable

El presente Congreso destacó en ciertos puntos, como establecer la paridad y alternancia de género en las listas de candidatos a las elecciones, una norma elaborada por las comisiones de Constitución y de la Mujer.

Otro punto importante fue que se aprobó por insistencia la autógrafa de ley que permite el retiro de hasta S/ 17.600 de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP) para ayudar a los ciudadanos en plena pandemia.

Además, con 101 votos a favor aprobó la Ley Nacional de Cáncer, que permite que pacientes que padecen esta enfermedad puedan tener una cobertura universal, gratuita y sea prioritaria de los servicios de salud.

Los bomberos también se vieron beneficiados gracias a este Parlamento, que dio luz verde a la norma que otorga una pensión de retiro mensual y vitalicia para sus miembros.

El Poder Legislativo aprobó La Ley Cuatro Patas, la cual establece como una política nacional de salud pública la esterilización de perros y gatos, con la que se combatirá la sobrepoblación animal, así como reducir las probabilidades de contagios entre estos y el ser humano.

Opiniones

Paula Távara, politóloga de la PUCP

“El presente Congreso tenía la tarea de darnos un mejor nivel de calidad de políticos y de estar a la altura de la lucha contra la pandemia, pero no lo ha estado. Ha dejado que los intereses particulares sigan primando. El señor Merino estaba interesado en alcanzar sus cinco minutos de poder y luego no ha asumido el costo de su decisión y ha seguido siendo un obstruccionista. Cuando se acabe su inmunidad parlamentaria debe ser procesado”.

Gonzalo Gamio, especialista en ética y filosofía política

“Nunca un Congreso ha hecho tanto daño en tan poco tiempo. Ha estado muy por debajo de la expectativas. Por dos razones: la vacancia rápida de Vizcarra en el contexto de una crisis sanitaria y económica aguda generó un vacío de poder más allá de los cuestionamientos del expresidente. Por otro lado, por la cantidad de proyectos legislativos que han sido observados por el Ejecutivo y rechazados por el TC”.

Laura Arias, analista política

“La confianza no la recuperó. Su gestión fue mala, pasó lo mismo que el anterior Congreso, fue una continuidad del primer Parlamento. Ha sido muy similar y han promovido las mismas cosas. Rescato la Mesa Directiva de Mirtha Vásquez, que fue manejada bien a comparación de anteriores que hemos tenido”.

Alejandro Mejía, docente de Ciencias Políticas de la UNMSM

“Este Congreso tenía una alta expectativa que despertó un afán de la ciudadanía por terminar ese conflicto entre el Ejecutivo y el Parlamento, pero no lo ha llegado a cumplir en su totalidad por haberse enfrentado a un escenario de pandemia. Fue una gestión regular porque ha actuado con situaciones favorables en ciertos aspectos en su lucha contra la COVID-19, creo que le quitó legitimidad las protestas de noviembre. Esto hizo que la ciudadanía le tenga un poco más de rechazo”.

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