Desestiman prisión preventiva para “Los Dinámicos del Centro”

La jueza de investigación preparatoria de Huancayo July Baldeón Quispe denegó el pedido de prisión preventiva que realizó la fiscalía anticorrupción contra 20 presuntos integrantes de la organización “Los Dinámicos del Centro”, entre los que se encuentran cinco dirigentes y militantes de Perú Libre.

Baldeón dispuso que 14 de ellos que se encontraban con detención preliminar desde el 15 de junio sean puestos inmediatamente en libertad. Para los que se encontraban prófugos cesa cualquier orden de búsqueda y captura.

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Esto no supone una absolución ni el archivo de la investigación. La fiscalía seguirá investigando los presuntos actos de corrupción en la Dirección de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Junín.

En este sentido, la magistrada impuso contra los 20 investigados orden de comparecencia restringida, con el pago de una caución de 5.000 soles cada uno. Además, la prohibición de comunicarse entre ellos y otros investigados y la obligación de presentarse ante la fiscalía cada vez que sean citados.

Fundamentos

Baldeón Quispe sustentó su decisión señalando que la fiscalía no presentó suficientes elementos de convicción (pruebas), que permitan establecer con harta probabilidad la existencia de una red criminal ni de los delitos de cohecho y negociación incompatible.

Precisó que, en las audiencias virtuales, se presentaron los mismos audios, de interceptación de las comunicaciones, que sirvieron para dictar la detención preliminar en junio, que no eran suficientes para una medida más grave como la prisión preventiva.

Igualmente, indicó que si bien se incluyeron las declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces, estas aún no han sido corroboradas. También señaló que no se confirma un nexo común político entre los investigados, pues no todos pertenecen a Perú Libre. Solo cinco, considerados colaboradores indirectos, tendrían relación con dicho partido político.

La fiscalía tampoco, dijo la jueza, presentó ni ha identificado a la lista de supuestos beneficiarios, es decir, a las personas que habrían pagado los sobornos para obtener las licencias de conducir, al margen de los procedimientos legales.

Con base en los audios, la fiscalía solo presentó tres casos de personas que habrían pagado para que se les facilite la obtención de los brevetes de conducir, pero se trataba de conversaciones entre los jaladores o intermediarios, es decir, los cómplices.

Los funcionarios que supuestamente solicitaban o recibían los pagos ilícitos, para expedir las licencias, no registran audios ni mensajes, no siendo suficiente que hayan sido nombrados para ejercer un determinado cargo.

Por último, la jueza pidió a la fiscalía tener claridad en el objeto de la investigación para no afectar el derecho de defensa ni la legalidad del proceso. De acuerdo con la fiscalía, la investigación trata de una mafia que negocia con las licencias de conducir, pero en las audiencias se habló de aportes a Perú Libre.

Investigación por lavado de activos

La jueza July Baldeón no tuvo en cuenta el decomiso de importantes cifras de dinero en poder de alguno de los investigados, pues este elemento es constitutivo de lavado de activos, que empezó a investigar otra fiscalía. Añadió que en todo caso esos dineros han sido incautados.

El rechazo de la prisión preventiva alcanza a Arturo Cárdenas, secretario de organización de Perú Libre; los excandidatos al Congreso Waldys Vilcapoma y Eduardo Bendezú, y los militantes Eduardo Reyes y Marina Vásquez.

Igualmente, a los trabajadores del Gore Junín: Félix Miranda, Richard Mendoza, Máximo Rojas, Guillermo Munguía y Francisco Muedas. La fiscalía los considera los “puntos nodales”, es decir, los ejes que permiten las actividades ilícitas de la organización. Pero sobre los que no se aportaron pruebas suficientes.

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