Catorce congresistas se opusieron a eliminar inmunidad parlamentaria

Catorce congresistas de distintos partidos políticos se mostraron en contra de la eliminación de la inmunidad parlamentaria, a pesar de ser aprobada este jueves 4 de febrero con 103 votos a favor.

Los congresistas que votaron en contra fueron los fujimoristas Rita Ayasta de Díaz, Diethell Columbus, Guilbert Alonzo Fernández, Carlos Mesía, Mártires Lizana, Miguel Vivanco, Erwin Tito Ortega, Marcos Pichilingue, Gilmer Trujillo, María Luisa Silupu Inga, la congresista no agrupada Martha Chávez, Manuel Merino (Acción Popular), Edgar Alarcón (Unión por el Perú) y Richard Rubio (Frepap).

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Por su parte, el único que se abstuvo al voto fue el parlamentario Carlos Veramendi de Podemos Perú.

A pesar de algunos desacuerdos como los expresados por el congresista Manuel Merino de Lama, quien señaló que “no hay Congreso en el mundo que tenga aceptación popular, porque no tiene iniciativa de gasto”, y Martha Chávez, quien afirmó que se trata de “un falso problema”, el Legislativo obtuvo los votos necesarios para dar luz verde a esta iniciativa.

Merino y Alarcón volvieron a votar en contra

Negativa. Los parlamentarios Manuel Merino y Edgar Alarcón ratificaron su voto en contra de eliminar la inmunidad parlamentaria durante el pleno del Congreso de la República.

Ambos congresistas ya habían mostrado su negativa de no apoyar esta reforma constitucional en la primera votación realizada el pasado 10 de diciembre. En ese momento, también fueron 14 los parlamentarios que votaron en contra.

En aquella oportunidad estuvieron en contra ocho congresistas de Fuerza Popular, tres de UPP, dos de AP, uno del Frepap y nuevamente la no agrupada Martha Chávez.

Esa vez el Parlamento aprobó en primera instancia la eliminación de la inmunidad con 103 legisladores a favor, 14 en contra y 3 abstenciones.

¿Qué es la inmunidad parlamentaria?

La inmunidad parlamentaria es la protección que tienen los congresistas para que no puedan ser procesados judicialmente ni apresados sin la autorización previa del Congreso de la República o de la Comisión Permanente (CP), desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones. Esta regla hace una excepción por delitos flagrantes, en cuyo caso, son puestos a disposición del Parlamento o de la CP a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento.

Con la eliminación de esta figura jurídica dispuesto por el Pleno este jueves, la Corte Suprema de Justicia sería la entidad que procese a los parlamentarios por delitos de función y comunes. Asimismo, un juez penal ordinario será quien evalúe su situación por actos delictivos cometidos antes de llegar al cargo. La reforma deberá ratificarse en la siguiente legislatura.

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