Solicitaron al presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Luis Roel, que remita una serie de oficios para que el presidente del Congreso, Manuel Merino, pueda convocar a sesión a la Comisión Permanente y se evalúen las denuncias contra Edgar Alarcón. En la sesión de este lunes, el legislador Gino Costa cuestionó el estado de las denuncias que presentó la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, en julio de este año contra el representante de la bancada Unión por el Perú (UPP).
“Hay varias denuncias que esta subcomisión aceptó a trámite y que requieren un plazo para la investigación, mientras esto no ocurre, no se pueden iniciar. Siento especial preocupación a las denuncias de la fiscal de la Nación contra el excontralor general de la República Edgar Alarcón”, aseveró Costa durante una sesión con los miembros de dicho grupo de trabajo parlamentario.
El congresista del Partido Morado insistió en la gravedad de las denuncias contra Alarcón por enriquecimiento ilícito y peculado, las cuales tienen tres meses de haber sido presentadas. Además, señaló que le parece “extraño” que Alarcón, quien lidera el grupo de trabajo que obtuvo un mayor plazo para seguir indagando el entorno del presidente Martín Vizcarra, no pueda ser investigado porque la Comisión Permanente no se reúne.
Ante el pedido de Gino Costa, Roel aseguró que fue responsabilidad de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que la Comisión Permanente no haya sesionado, ya que se vieron imposibilitados durante el pasado setiembre por los Plenos de Congreso por motivo de la moción de vacancia presidencial.
“Voy a hacer que la Comisión Permanente sesione, pero también necesito la colaboración de todo el colegiado de la Subcomisión para que firme debidamente y en tiempo prudente los informes, de otro modo no voy a poder entregarle nada a esta comisión”, añadió Luis Roel.
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El pasado 28 de setiembre se declararon procedentes las denuncias formuladas por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra el parlamentario Edgar Alarcón por presuntos delitos de peculado y enriquecimiento ilícito.
Dichas denuncias fueron presentadas el 9 de julio por la fiscal y tuvo que pasar más de dos meses para que sea declarada procedente por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, cuyo líder aseguró que darían prioridad a estos casos.
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