Responsabilidad política corporativa

A finales del 2012 escribí un artículo para un medio de corte empresarial donde acuñé el término Responsabilidad Política Corporativa (RPC) como parte de un estudio que realicé sobre la relación empresa – gobierno. Una de las conclusiones del informe era que la mayoría de empresarios entrevistados asumían que el mero hecho de hacer empresa ya era suficiente aporte para el país. A esto se suma un caso interesante. En esa época ya se había aprobado la Ley de Alimentación Saludable en algunos países de la región y varios legisladores peruanos ya estaban promoviéndola a nivel local. Como consultor de asuntos públicos le hice una propuesta a una marca de consumo masivo en la que recomendaba adecuar su modelo de negocio a las tendencias del mercado actual, lanzando nuevas líneas de productos saludables. Les expliqué que era la oportunidad de liderar esta corriente nueva y que podían subirse a la ola y surfearla. Los representantes de esta compañía no aceptaron la propuesta y más bien, decidieron enfrentarse ellos mismos a esta corriente en el fuero legislativo. Como es de suponer, la ola los sobrepasó y no es coincidencia que hayan tenido problemas reputacionales al respecto.

Estas (malas) prácticas se vuelven más notorias cuando lo público y lo privado se relacionan. El caso Lava Jato no solo ha desnudado una forma de hacer política sino también una forma de hacer empresa. En el 2012 ya habíamos tenido una llamada de alerta en el CADE Ejecutivos donde el 76% de asistentes creía que la mayoría de empresarios peruanos pagaría coimas para acelerar trámites con el Estado. Ni qué decir de los políticos y las instituciones públicas más políticas: en casi todas las encuestas de opinión, más del 80% de la población desconfía en la actualidad tanto del Congreso como de los partidos.

Pero no hay mal que dure cien años. Venimos pasando por un cambio de paradigma global que se vislumbraba ya por aquellos años. Es la era del big data y el machine learning. Los efectos son claros: saturación de información, hipertransparencia, orientación al usuario, aceleración del cambio, exigencia de autenticidad, deconstrucción, individualización, hipersegmentación, economía colaborativa y desarrollo sostenible. El nuevo relato se centra en el propósito y en el hecho de entender que su aplicación no está alejada de la sostenibilidad financiera. Según estudios de Harvard, las empresas con altos niveles de propósito pueden aumentar su rentabilidad hasta en un 7% por año. Esto también incluye considerar al Estado como el actor fundamental para afrontar los grandes retos del país. Es por ello prioritario el conocimiento de los asuntos públicos para cualquier estrategia que busque un impacto positivo en el entorno.

Es hora de quitarse la corbata, remangarse la camisa y ensuciarse los zapatos como lo hacen muchos actores del ámbito público, arrastrando un sistema perverso construido a lo largo de doscientos años. En vez de seguir culpando al Estado de todos los problemas, la élite económica de este país debe reconocer que las cuerdas nunca han estado separadas y que los problemas comprometen tanto a lo público como a lo privado. Antes de ver consumidores, debe reconocer ciudadanos con deberes y derechos. En vez de criticar a la política, debe contribuir a su tan ansiada reforma, pues sin ello no se podrá elegir bien ni asegurar gobiernos con mayoría parlamentaria que garanticen la tan ansiada predictibilidad que los propios empresarios exigen. Empecemos, por ejemplo, en promover que se elija bien en las próximas elecciones.