Poder Judicial publica parte resolutiva del acuerdo con Odebrecht

La resolución del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria con que la jueza María Álvarez aprobó el acuerdo de colaboración eficaz suscrita entre el Equipo Especial Lava Jato, la Procuraduría ad hoc y Odebrecht, ha sido publicada.

En el documento que lleva la rúbrica de la magistrada, se especifica que ha obtenido la aprobación del trato entre el fiscal José Domingo Pérez y otras cinco personas. Cuatro de ellas, personas naturales como Jorge Barata, Ricardo Boleira, Renato Ribeiro y Carlos Nostre. Todos exdirectivos de Odebrecht, además de la persona jurídica (empresa) Constructora Norberto Odebrecht S.A.

Entre otros puntos, se destaca la responsabilidad de los anteriormente mencionados en hechos ilícitos por el delito de colusión agravada y los consecuentes beneficios como la liberación de penas para las 5 personas.

Reparación civil

En cuanto al monto de reparación civil, se especifica que es de S/610 millones, atendiendo los cálculos basados en la Ley 30737, como “resarcimiento al daño generado por los hechos de corrupción aceptados por los colaboradores eficaces”.

Las obras en las que se ha declarado culpabilidad, hasta el momento y según figura en este fragmento de la resolución, son las de Vía Costa Verde-Callao, Interoceánica Sur (tramos 2 y 3), Vía Evitamiento Cusco y el Metro de Lima (tramos 1 y 2).

El pago del monto, asimismo, se hará efectivo desde este año con una cuota inicial de S/80 millones, mientras que desde el 2020 hasta el 2029, será de S/22 millones.

Los años 2030 y 2031, Odebrecht desembolsará a favor del Estado S/75 millones anuales mientras que en 2032 y 2033 pagará, respectivamente S/80 millones. El último año, 2034, deberá pagar un promedio de intereses legales de S/150 millones.

Obligaciones de los colaboradores

La parte resolutiva del acuerdo logrado por los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela indica también que los colaboradores eficaces (Jorge Barata y otros) no deberán cometer otro delito en el periodo de los 10 años posteriores a la aprobación del acuerdo.

Además, también deberán informar de sus cambios de residencia, en caso lo hicieran, al Ministerio Público y, por último, de ejercer una profesión u ocupación, debe estar enmarcado en el ámbito legal.