La sentencia que ordena al Ministerio de Energía y Minas hacer públicos los correos electrónicos del exministro Eleodoro Mayorga tendrá consecuencias insospechadas. Marcador: Centro Liber 1, Gobierno 0., Ricardo Uceda El Informante El pedido lo hizo en 2014 el abogado Marco Gamarra, de Liber, un centro que promueve el acceso a la información pública. Solicitó al Ministerio de Energía y Minas (MEM) los correos electrónicos que el titular del pliego, Eleodoro Mayorga, recibió a propósito del Reglamento Nacional de Hidrocarburos. Pidió los mails entrantes, con sus respuestas, de la cuenta de correo oficial del ministro. No señaló el motivo, pues para ejercer este derecho de petición es irrelevante justificarla. Pero el contexto fue la difusión pública de correos electrónicos entre Mayorga y el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, hackeados por Anonymous. En uno de ellos Pulgar expresa a Mayorga su desacuerdo con que la petrolera Karoon Energy International hubiera elaborado el sustento técnico del reglamento de hidrocarburos. Lo cual, unido a otras versiones sobre la vinculación de Eleodoro Mayorga con compañías extractivas, puso en duda su independencia. LIBER pidió entonces todos los correos electrónicos del ministro que tuvieran que ver con el asunto. Público y privado El MEM rechazó la solicitud, arguyendo que los mails solicitados se encontraban protegidos por la garantía al secreto e inviolabilidad de las comunicaciones. Es un derecho constitucional. Sin embargo, está dirigido a preservar mensajes y documentos privados. Otro derecho, el de fiscalizar a los gobernantes —cuyo instrumento principal es la Ley de Transparencia— permite a los ciudadanos tomar conocimiento de la forma en que se administra el Estado. Puede obtener memorándums, cartas, facturas, videos, que sean de interés público y no contengan información reservada en función de las excepciones que establece la ley. Buena parte de este conocimiento se halla en correos electrónicos. La decisión del gobierno fue oponerse a toda solicitud de acceso a los mismos, considerándolos parte de la privacidad de sus funcionarios. ¿Qué de privados tienen correos electrónicos que disponen compras estatales? ¿O pautas de aplicación de políticas públicas? Aunque el Estado se sigue resistiendo a entregar documentos impresos ante peticiones de información pública, por lo menos no niega que hay derecho a requerirlos, y a veces concede. Cuando rechaza los pedidos, las negativas van al Poder Judicial, si el peticionario tiene recursos para litigar. No hay autoridad autónoma que zanje controversias, como en Chile y México, por citar dos países de la región. Con los correos electrónicos, en cambio, la negativa hasta el momento ha sido total, como lo demuestran los casos que se conocieron en 2014. Nueva batalla Los pedidos del año pasado tuvieron como acicate la revelación de tres mil correos electrónicos del ex Primer Ministro René Cornejo. Destacaron, entre tanto mail, varios pedidos de compañías privadas a los ministros de Economía y Finanzas, Agricultura y Vivienda, pedidos que daban la impresión de haber sido atendidos. Por algunas semanas voceros de la oposición acusaron al gobierno estar sometidos a lobbies corporativos. El Centro LIBER solicitó a los tres ministerios toda la comunicación electrónica cursada entre sus titulares con representantes de empresas o gremios empresariales. En los tres casos la respuesta fue la misma: no se entregaría correspondencia privada. El ministro Milton von Hesse estuvo doblemente requerido, tanto como encargado de Vivienda y Construcción como de Agricultura. En un programa de televisión anunció que haría públicos sus correos electrónicos. De fuente extraoficial se conoce que tenía intención real de hacerlo. Pero terminó alineado con la postura gubernamental de que no debían darse a publicidad mails ministeriales. A LIBER, que es dirigido por el ex procurador anticorrupción Julio Arbizu, no le quedó otro remedio que presentar cuatro hábeas data ante igual número de juzgados. El juez Hugo Velásquez, del Quinto Juzgado Constitucional, ha sido el primero en pronunciarse. La cuenta del MEM La importancia de la sentencia del juez Velásquez radica en que zanja la cuestión de si los correos institucionales de los funcionarios públicos están protegidos por el derecho a la privacidad de las comunicaciones. Al respecto, coincidiendo con un informe que solicitó para el caso a la Defensoría del Pueblo, Velásquez concluyó que “toda información generada, obtenida o que esté en posesión o bajo control del Estado, debe ser de conocimiento público”. La base de esta conclusión es constitucional, casi al pie de la letra. Hay excepciones: la información que afecta la intimidad personal o la seguridad nacional o procesos previstos en la Ley de Transparencia. Lo solicitado no calzaba en ninguna de estas excepciones. Por otra parte, LIBER no pidió información del mail privado de Mayorga, sino de la cuenta que el MEM le creó para que ejerciera su función. El juez Velásquez razonó así: si el ministro es funcionario del Estado, la información que contiene su correo electrónico institucional es pública. Debe presumirse que la plataforma fue usada para el ejercicio de su cargo. El 'no' del procurador El procurador del MEM, Octavio Rodríguez, se opuso a la demanda arguyendo que todo mail institucional contiene “apreciaciones personales ajenas a la actividad protocolar”. Cierto. Sin embargo, LIBER pedía la información pública. Para el propósito de entregar el contenido de mails públicos a solicitantes, el funcionario responsable de cada dependencia requerida debe discriminar lo que es posible entregar y lo que es privado. De hecho, todo funcionario público debe saber que los mails del Estado son para uso oficial y que son susceptibles de ser requeridos por cualquiera. Para tratar asuntos personales puede abrir un correo electrónico privado. Otro argumento del procurador fue que el Tribunal Constitucional había sentenciado sobre la naturaleza jurídica de los correos electrónicos. Fue en 2004, cuando vio un caso de interceptación de mensajes privados entre la trabajadora de una empresa telefónica y particulares. Pero la información no era de interés público. No había funcionario estatal alguno involucrado. El juez Velásquez desestimó el antecedente. La ministra acepta El juez ordenó entregar todos los mails de Mayorga en un plazo máximo de 48 horas. Era previsible una apelación del MEM, pero la sucesora de Mayorga, Rosa María Ortiz, declaró el domingo que cumpliría la resolución judicial. La posición rectifica la absurda cerrazón del Poder Ejecutivo en esta materia. Cabe preguntarse qué ocurrirá ahora con el resto de procesos. ¿Se allanará al Estado ante las demandas presentadas? ¿Volverá el ministro Von Hesse a su antigua disposición de entregar sus mails electrónicos que contengan información publicable? ¿Presionará en contra el militarizado ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén? Posiblemente en el futuro se verán otros procesos, referidos al abuso de mails privados por funcionarios públicos. Ministros, viceministros, directores generales tratan asuntos de Estado usando cuentas de hotmail, gmail y otras. Incluso te dan su tarjeta pidiendo que te comuniques con ellos a esas direcciones, si deseas información pública. En los Estados Unidos (“otra realidad”, como dice el presidente Humala) la Secretaría de Estado publicó centenares de correos electrónicos que Hillary Clinton escribió desde cuentas privadas entre 2009 y 2013 cuando estaba al frente de la diplomacia de ese país. Era indebido y ahora es información pública.
