El contraste entre la conducta de Villarán y la de los demás políticos acusados es evidente.,Las declaraciones de Susana Villarán han puesto en marcha una polémica mucho más política que jurídica. Algunos piensan que hay allí una franqueza espontánea que es valiosa en sí misma. Otros consideran que lo que hemos escuchado ni siquiera llega a ser una confesión, sino una manera de recurrir a los buenos modales para neutralizar a la justicia, lo que se pueda. El caso Villarán llega a las primeras planas y los horarios estelares cuando ya mucho de lo que rodea a Odebrecht se presta a la polémica: el uso de la prisión preventiva, algunas relaciones entre fiscales y medios, el acuerdo de impunidad con la constructora, el intento de clausurar un partido político, o la proporcionalidad de las penas solicitadas. En medio de todo eso Villarán ha elegido reconocerse culpable, pero a la vez reclamar, como tácito atenuante, que actuó con buenas intenciones, sin provecho personal y sin perjuicio para la Municipalidad de Lima. Esto es algo que, en algunos puntos contradice la acusación fiscal, y que será dilucidado en el juicio que viene. Pero es importante que Villarán solicite que se tome en cuenta su circunstancia económica personal. En un momento dado Villarán terminó de comprender que su situación era judicialmente indefendible, y que proclamar inocencia no iba a conducir a ninguna parte. De hecho no parece estar funcionando en ninguno de los otros casos. Incluso viene actuando como un irritante de la opinión judicial. El contraste entre la conducta de Villarán y la de los demás políticos acusados es evidente. Para algunos eso llega al meollo de la cuestión, y hace que la ex alcaldesa merezca un trato diferente, aunque todavía nadie dice cuál. Para otros estas declaradas buenas intenciones no hacen sino empedrar el camino de Villarán al infierno judicial. En lo estrictamente político las situaciones de Villarán y de Keiko Fujimori son diferentes. En ambos casos hay una identificación con movimientos de opinión fuerte y polarizadora. No son, pues, solo dos casos judiciales los que están siendo evaluados por la opinión pública. Así, las posibilidades de la objetividad no especializada se debilitan, y eso puede llegar hasta los jueces.
