¿Cómo lidiar con el caso Draxl desde el Estado?

Por: Iván Lanegra Un filtro basado en sentencias judiciales es irreal pues hasta hace muy poco estos mecanismos no estaban listos para ser utilizados en estos casos y porque no existía conciencia sobre el problema. Se necesitan otros filtros adicionales. La sola admisión pública de responsabilidad por abusos o por complicidad con ellos, o en decisiones en la misma línea en el ámbito civil o administrativo, debería bastar en estos casos. Esto sin perjuicio de medidas de protección, en tanto se investigan estos casos. Algunos pensarán que es una exageración, pero hay que recordar que el abuso, una vez cometido, deja daños graves y generalmente irreversibles sobre los menores. Esto debe ser acompañado de una política explícita de las autoridades educativas, que incluya desde la formación en el tema, la concientización sobre el problema y mecanismos de denuncia que protejan al menor y sean independientes de quienes podrían apañar estas situaciones. Una situación de abusos sistemáticos puede generar un mecanismo de coordinación interinstitucional que involucre a todas las autoridades y así no establecer una sola línea de acción, sino también identificar las debilidades en las políticas. Las organizaciones que trabajan con menores deben estar sometidas a estándares mínimos de protección de los derechos. He aquí un campo que puede ser liderado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Así, el programa educativo informal (y desde luego el formal) debe garantizar dichos derechos. Una organización sancionada por malos tratos debería automáticamente perder la posibilidad de seguir trabajando con menores. Si el Estado no atiende los puntos anteriores, las garantías seguirán siendo pocas para las familias. Hay un amplio marco de obligaciones internacionales en materia de derechos del niño y adolescente, así como deberes constitucionales, que deben servir de base para pensar en marcos que vayan más allá de la simple exigencia de formalismos.