La separación de poderes es crítica para el balance de poderes en una democracia. Pero ¿qué pasa cuando un poder del Estado está capturado por criminales que usan el principio de autonomía para sostenerse en el poder y delinquir bajo su fachada? Pasa lo que está sucediendo ahora en la Fiscalía, que bajo el argumento democrático de la autonomía de poderes los grupos delincuenciales buscan permanecer en el poder; generan, artificiosamente, una pseudo confrontación entre autonomía e injerencia política, una falsa polaridad entre intervencionistas (los que denuncian a los criminales en el poder) versus demócratas (los delincuentes agazapados en ese poder). Son los verdaderos demócratas los que están presionando para que ese poder se libere de la delincuencia, mientras los reales injerentes e intervencionistas son los delincuentes que lo tienen capturado. El real dilema es cómo hacer que la democracia se defienda de la fake-democracia esgrimida por los corruptos. Hay herramientas y caminos pero se complican cuando quienes tienen potestad desde la autonomía son o muy cobardes o muy cómplices para defender la real institucionalidad de ese poder. Es lo que ha pasado con 20 de los 21 fiscales Superiores de Lima que prefirieron no pronunciarse sobre Chávarry por supuesto ‘respeto a la jerarquía institucional’. Mientras, en el Congreso el fujiaprismo se niega hace meses a procesar las 4 denuncias constitucionales contra Chávarry, y, presentada la 5ta denuncia por la congresista Glave (por infracción a los art. 39, 41 y 43 de la Constitución y entorpecer la lucha anticorrupción), los fujimoristas Tubino y Segura ya dijeron que no la priorizarán. Si quienes deben llevar a cabo la acción de control democrático también son cómplices, ese camino está roto. La otra vía, de la sociedad civil, da poder al Colegio de Abogados para dejar a Chávarry sin colegiatura y por ende suspenderlo de sus funciones mientras es procesado. Pero hay abogados que por complicidad, cobardía, miedo, o quién sabe qué, no les da la gana de firmar el expediente Nº 392-2018 MC que dispone la medida cautelar contra Chávarry interpuesta por organizaciones de la sociedad civil. Solo 2 de los 5 vocales del Consejo de Ética del CAL han ido a las 3 citaciones de emergencia y firmado el documento: su presidente, Walter Ayala, y la abogada Catalina Vera. Falta una firma pero los otros vocales, Víctor Alfonso Cabanillas, Juan Manuel Salazar y Andy Carrasco, están mudos. La otra vía, la del Ejecutivo demandando una declaratoria de emergencia, también es constitucional y democrática, excepto que, otra vez, depende de la ‘voluntad’ de la mayoría parlamentaria, que es solo complicidad y obstruccionismo. Chávarry, en base a los audios #CNM y 3 colaboradores eficaces, está acusado de ser parte de un núcleo mafioso enquistado en el sistema de justicia junto con otros seis jueces y fiscales supremos (los fiscales supremos Tomás Gálvez Villegas y Víctor Raúl Rodríguez Monteza, el expdte. del Poder Judicial Duberlí Rodríguez y los jueces supremos Aldo Martín Figueroa Navarro, Martín Hurtado Reyes y Ángel Romero Díaz). Tener de fiscal de la nación a alguien con tales credenciales no solo es una contradicción con la razón de ser de ese poder del Estado y un peligro permanente para la real lucha anticorrupción, sino un factor de persistente debilitamiento de la democracia. La pregunta que los demócratas nos hacemos es: ¿cómo es posible que la democracia no pueda combatir a quienes ultrajándola la usan como coartada para ese ultraje? Los representantes políticos que tienen poder para actuar bajo las leyes y la Constitución deben dejar la vida, si es necesario, en lograr que este daño no se siga perpetrando. El presidente Vizcarra sigue teniendo la potestad constitucional de hacer cuestión de confianza y cerrar este Congreso mayoritariamente cómplice y delincuencial. Una y otra vez ha desistido de llevar a cabo esta acción constitucional, y está bien porque aun siendo constitucional es una acción fuerte que debe ser la última opción en cualquier democracia. Pero creo que hemos llegado a un punto muerto en el que no hay otros mecanismos para salir de este embrollo grave. Dos poderes de tres están capturados por lo corrupto y eso genera el real desbalance. Este es un punto de quiebre entre el país que queremos ser y el desesperanzado y roto que pretenden esos corruptos. Como los virus, si a la corrupción no se le extermina de raíz, solo terminará fortaleciéndose. Vizcarra no tiene un cheque en blanco y los demócratas observamos cada declaración y acción de su gobierno, que por la corrupta oposición empezó en crisis que aún no logra conjurar, pese a algunas acertadas decisiones. ¿Se atreverá Vizcarra a hacer lo que debe?
