“Uruguay es, por varios motivos, un país singularmente valorado dentro del marco regional”.,Mi amigo, capitán de la Fuerza Aérea Uruguaya, no podía creer que un policía le pidiera abiertamente una coima, cuando, asilados ambos en el México de 1976, él empezaba a ganarse la vida haciendo taxi. El capitán Martínez, el comandante Cardoso y otros oficiales del país oriental se habían asilado en México cuando la ola de dictaduras militares alcanzó al país amable y moderado de la banda oriental del Río de la Plata. Considerado hasta antes del golpe como “la Suiza de América”, el Uruguay se conocía también como nación poco permeable a las mordidas y otras formas de corrupción. No era visto aún como el paraíso financiero que resultó ser, para beneficio, entre otros, de Odebrecht y sus clientes. He recordado a estos amigos uruguayos y a sus penurias como asilados, días atrás, cuando estaba yo erróneamente convencido de que el asilo solicitado por Alan García sería concedido de forma segura y automática. Me he preguntado entonces por qué el Uruguay tendría que otorgar un asilo que ni la legislación internacional ni la comunidad internacional, ni la opinión pública uruguaya ni la peruana, ni el sentido común consideran que corresponde al propósito y razón de ser de este derecho, creado para proteger la vida y la libertad de los perseguidos políticos. ¿Por qué un país con las credenciales del Uruguay podría preferir la liturgia de la tradición al apego a la naturaleza misma de la institución del asilo? En la incertidumbre sobre este dilema, conviene recordar, una vez más, que el Uruguay es, por varios motivos, un país singularmente valorado dentro del marco regional. Recordar que, a comienzos del siglo XX, el presidente uruguayo, José Battle y Ordóñez, del Partido Colorado, fue el precursor de la idea de Estado de Bienestar en América Latina. Promovió leyes sociales para mejorar la situación obrera y se enfrentó al capital británico, que dominaba los servicios públicos, a los latifundistas y a los católicos conservadores. Apoyó el divorcio y el sufragio femenino. Estimuló y protegió a los numerosos inmigrantes de aquellos años y concibió un país de medianos propietarios dedicados a la agricultura. Impulsó la reforma constitucional que instituyó el gobierno colegiado, como en Suiza. Más recientemente, en 1971, se creó en el Uruguay el Frente Amplio, que luego, a partir del 2005, ha sido elegido por tres veces consecutivas a la Presidencia de la República. Lo que distingue al Frente Amplio uruguayo es su conformación por un abanico de partidos que van desde los exguerrilleros tupamaros hasta el Partido Demócrata Cristiano. El Frente Amplio uruguayo ha sido la única coalición genuinamente de centro izquierda, capaz de ganar elecciones y mantenerse en el poder, por esa vía, a lo largo de tres gobiernos. El Uruguay es un país terco en la defensa de los derechos humanos, incluido el derecho de asilo. Ha sido también el primer país del MERCOSUR en solicitar estatuto de observador en la Alianza del Pacífico, en el 2012, y es entusiasta partidario del acercamiento entre ambas instancias. ¿Por qué va a asumir el papel de denunciante solitario de una inexistente persecución política en el Perú? Solo nos cabe esperar, con el mayor de los respetos, la decisión que tome sobre el asilo de Alan García. Y la decisión que tome el propio García, si es que el silencio uruguayo se prolonga hasta el punto en que la comodidad de la Embajada no compense las limitaciones que el asilo impone. Es decir, perder el derecho a hacer declaraciones políticas, a recibir visitas a discreción y a disponer del espacio para hacer ejercicios físicos. Todo lo cual resultaría algo más accesible desde el penal presidencial de Barbadillo, si su caso llegara a ese poco probable extremo. Al fin y al cabo, no cualquier país tiene un penal especial para expresidentes.
