Buscan sancionar a jueces del TC por fallo sobre impuesto a universidades

Congreso. Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debatiría el lunes informe de calificación que declara procedente una denuncia por haberse pronunciado contra efectos retroactivos.,Dos días después de designarse a los miembros de la comisión especial del Congreso que elegirán a los sucesores de seis miembros del Tribunal Constitucional (TC), la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tenía previsto debatir un informe de calificación que declara procedente una denuncia contra cuatro de ellos. Y si bien se frustró por falta de quórum, el tema se ha agendado para el lunes. PUEDES VER Ernesto Blume aclara que el Perú posee un Estado de Derecho Se trata de la acusación presentada en el 2016 por la fujimorista Yeni Vilcatoma contra miembros del TC por declarar fundada una acción de amparo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y la Universidad Privada del Norte respecto a una norma que anulaba con retroactividad el beneficio tributario de reinvertir parte de sus utilidades en infraestructura, aspectos académicos e investigación. Precisamente, en julio de 2011, el entonces presidente Alan García promulgó la Ley N° 29766, que dejaba sin efecto el crédito fiscal para universidades desde el 2008. Los magistrados Ernesto Blume, Manuel Miranda, Eloy Espinosa-Saldaña y Carlos Ramos suscribieron un fallo señalando que el marco constitucional prohíbe disponer la caducidad retroactiva del beneficio fiscal. Por esta sentencia, Vilcatoma los denunció. Seis páginas El informe entregado por el equipo técnico al presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el fujimorista César Segura, acusa a los magistrados del TC de infringir los artículos 74 y 102 de la Carta Magna, usurpando funciones del Congreso o del Poder Ejecutivo. “Habrían transgredido la norma constitucional, permitiendo que dichos centros superiores de estudios accedan, sin existir prórroga expresa o tácita en la norma, a un beneficio tributario que, ante la inexistencia de tal plazo, no puede exceder de una vigencia de (3) tres años, en aplicación a lo dispuesto por el artículo VII del Código Tributario”, dice el documento. En resumen, ese es todo el sustento del informe de seis páginas al que La República tuvo acceso. De aprobarse, se iniciaría un proceso que culminaría en un informe que recomienda sanciones, el cual debe ser aprobado por la Comisión Permanente y finalmente en el Pleno. Todo esto podría hacerse en un mes. ¿Nueva repartija? - De aprobarse esta denuncia contra cuatro de los magistrados del TC y se les sancione con la destitución, se aceleraría el proceso para su reemplazo, pues los tres jueces que quedan no podrían emitir fallos. En esa circunstancia, se corre el peligro de que se repita la “repartija” que permita el copamiento del ente constitucional, como se intentó hace cinco años.