El pedido de asilo de García va a desencadenar además una crisis en las relaciones entre dos países hermanos cuyo costo está por verse.,La nueva fuga de Alan García Pérez, pidiendo asilo diplomático a Uruguay y alegando una persecución política, acelera el colapso del orden político instaurado por el fujimorismo y que llegó a su apogeo con la alianza con el Apra. Luego de que la detención de Keiko Fujimori descabezara al partido fujimorista, este en los hechos pasó a ser dirigido por la bancada aprista. Muy probablemente el fujimorismo terminará así envuelto, otra vez, en pleito ajeno, embarcado en la defensa de la libertad de García, que irónicamente constituye un duro golpe contra el argumento con que los abogados de Keiko demandan que el poder judicial la libere: que no existe peligro de fuga. El pedido de asilo de García va a desencadenar además una crisis en las relaciones entre dos países hermanos cuyo costo está por verse. Por lo que hasta ahora se sabe, García ingresó al local de la embajada luego de una consulta telefónica con el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, y es de suponer que contó con su anuencia, por lo que probablemente el asilo le sea concedido. El asilo permitirá a García poner tierra de por medio entre él y la justicia peruana. Pero el argumento con que ha fundamentado su pedido es inaceptable para el gobierno de Martín Vizcarra. Sostiene García que en el Perú no hay democracia y que vivimos en una dictadura, sin garantías procesales para los inculpados, algo que fácilmente podría ser desmentido, de ser el caso, por cualquier institución internacional defensora de los derechos humanos. Conceder este asilo obligará al Uruguay a avalar el discurso de García. Y para el gobierno del presidente Martín Vizcarra va a resultar inaceptable concederle el salvoconducto al fugitivo para que abandone la embajada y salga del territorio nacional. En primer lugar, porque sería aceptar como verdaderas las imputaciones que García ha lanzado contra nuestro orden constitucional. En segundo lugar, porque existe un mandato judicial firme, que impide al ciudadano García abandonar el territorio nacional por 18 meses, mientras se investiga su caso, y el presidente Vizcarra cometería una infracción constitucional si lo deja ir. Si el gobierno peruano no le expide el salvoconducto García quedará confinado en la embajada uruguaya por tiempo indeterminado. Lo cual ha dado lugar a establecer comparaciones entre su asilo y el que Víctor Raúl Haya de la Torre solicitó a la República de Colombia en 1949. Pero no hay punto de comparación. Alan García está acusado de delitos comunes, mientras que la acusación contra Haya de la Torre no fue por robo. Haya estaba en la clandestinidad, perseguido por una dictadura nacida de un golpe militar. El dictador Manuel A. Odría lo acusaba de delincuente común, responsabilizándolo por los muertos y heridos que dejó la fracasada insurrección aprista del 3 de octubre de 1948. Esta derrota allanó el camino al golpe que llevó al poder a Odría el 29 del mismo mes, y apenas se instaló en el poder, este emprendió una dura persecución contra los apristas, que dejó una estela de muertos, torturados, presos y deportados. A diferencia de otras oportunidades, cuando encabezó la resistencia desde la clandestinidad, el 3 de enero de 1949, a dos meses del golpe, Haya se presentó en la embajada de Colombia y solicitó asilo diplomático. Según Luis Alberto Sánchez, la dictadura odriísta había jurado asesinar a Haya y el Comité Ejecutivo del Apra dispuso que se asilara. Nótese que Alan García copia ahora este detalle de la trama del 49: no es él quien decide asilarse sino esta es una directiva partidaria que él acata. Los disidentes del Apra sostuvieron en 1949 que Haya se asiló por su cuenta y que la dirección cubrió este hecho inventando que esta había sido una decisión orgánica cuyo objetivo era que Haya saliera al extranjero para continuar la lucha. Haya de la Torre dio su propia versión de los hechos en una carta enviada a Luis Alberto Sánchez desde Ginebra, el 4 de febrero de 1955: «Yo me asilé con asco de hacerlo, pero me empujó el caso de verme arrojado de todos los posibles refugios. Jorge Idiáquez es testigo de que nos echaban de cada casa y nadie quería verme. Cuando me empujaron al asilo lo hicieron con miedo —solo algunos no— de que yo me quedara afuera, les pidiera albergue o los hiciera trabajar» (VRHT y LAS, Correspondencia 1982: vol. 2, 201). Asilado en la embajada colombiana, Haya quedó prisionero durante los cinco años siguientes, porque el gobierno de Odría se negó a otorgarle el salvoconducto de salida. Veamos qué suerte espera ahora a Alan García.
