Es desafiante imaginarse el día siguiente del referéndum en un escenario al mismo tiempo desordenado y en movimiento, y a veces más lo primero que lo segundo.,Es probable que el presidente Martín Vizcarra ya tenga una idea clara del post referéndum, ahora que es innegable que la consulta popular del 9 de diciembre será un punto de partida y no de llegada. En esa perspectiva, en dos de sus apariciones públicas recientes, se ha referido al diálogo y a los acuerdos, lo que parece indicar que Vizcarra pretende forjar un pacto como alternativa a la crisis. Es muy bueno que lo intente. En el presidente Vizcarra, la idea de un diálogo parece concretarse en un acuerdo de alcance mayor, y no es la primera vez que se refiere a su importancia. Lo hizo en su discurso de toma de mando en marzo pasado, y hace poco ha tomado forma en el anuncio de un pacto social “para generar desarrollo y combatir la corrupción”. El presidente añade que este pacto es principalmente con el pueblo, con un calendario inicial: se iniciará en diciembre de modo directo con las fuerzas políticas para trazar una agenda común luego de que culmine su recorrido nacional. No rechazar la posibilidad de un acuerdo político luego del 9 de diciembre es señal de que la puerta que Vizcarra ha abierto con audacia a propósito de los audios del CNM, no será cerrada. También indica que por delante se tiene un modelo de diálogo distinto al que formuló Keiko Fujimori poco antes de ser sentenciada a prisión preventiva, es decir, un diálogo bipartidista o Ejecutivo/Legislativo para evitar el ruido político. En ciernes se encuentra entonces la posibilidad de un acuerdo impulsado por el Gobierno con todas las fuerzas políticas, los actores sociales y la nueva representación regional y local surgida de las elecciones de este año, para hacer sostenibles los cambios y para profundizarlos. De concretarse esta perspectiva significaría una salida ordenada a la crisis y la posibilidad de que la etapa de reformas vaya mucho más allá del 9 de diciembre, y que no se pierda en el horizonte del año próximo, en un país donde el corto plazo conspira contra los consensos del largo plazo. Es desafiante imaginarse el día siguiente del referéndum en un escenario al mismo tiempo desordenado y en movimiento, y a veces más lo primero que lo segundo. El saldo del mes de octubre, el más turbulento de las últimas décadas, con una veintena de hechos políticos y judiciales que se sucedieron y mezclaron, no es solo la imagen de un país que bulle con inquietud, sino de un sistema consistente que se resiste al cambio. La doble naturaleza de este período –un hervidero con resistencia a las reformas- conduce a que la primera previsión se refiera a los límites de cualquier diálogo. Desde el año 2000, el Perú es un territorio de acuerdos y guerras, solo que los acuerdos son cada vez más específicos y las guerras más frecuentes, largas y sin logros sistémicos. Esta dicotomía entre los pequeños pactos y las grandes divisiones obliga al Gobierno a mantener la iniciativa de un diálogo nacional y liderar la agenda. De hecho, si el 9 de diciembre votaremos en un referéndum es, precisamente, porque los políticos no se pusieron de acuerdo durante largos años sobre aspectos cruciales de nuestro sistema. La pregunta sobre el papel del Congreso en esta etapa es importante. Desde julio, el Parlamento ha desempeñado un rol opuesto al cambio con los resultados ya conocidos. Las reformas que los peruanos votarán y/o rechazarán en el referéndum han sido formuladas en un intercambio áspero con este poder del Estado. Ahora mismo, el Parlamento tiene en sus manos media docena de proyectos de ley sobre la reforma judicial enviados por el Gobierno en agosto, y tendrá que debatir otros más luego del 9 de diciembre. La última pregunta sobre el diálogo es sobre la profundidad del pacto, y si los cambios implicarán nuevas y más complejas reformas constitucionales. En este punto también se tiene novedades; la posibilidad de grandes reformas a la Constitución despierta menos sobresaltos que antes, al tiempo en que crece la certeza en una parte del liderazgo del país y en las instituciones de que sin un pacto constitucional ningún ciclo de cambios será sostenible. En el Perú, ya no es posible un ciclo reformista sin cambios constitucionales de gran calado. http://juandelapuente.blogspot.com
