"Así como van las cosas, el único golpe que vamos a ver es el que reciba Keiko Fujimori cuando en la apelación no consiga su excarcelación".,La situación judicial de Keiko Fujimori se ha complicado esta semana con la orden de prisión preventiva que viene ejecutándose desde el miércoles. Sus coprocesados, probablemente –no necesariamente todos– correrán la misma suerte esta semana. En los días posteriores a su ingreso a Santa Mónica, la defensa, la familia, los aliados y la bancada han insistido en una tesis central: la detención de Fujimori es política, no jurídica. ¿Qué quiere decir “política” en este contexto? Pues que la detención obedece a los caprichos del poder y no a un Estado de derecho. En esta narrativa, Keiko Fujimori es “víctima” del Poder Ejecutivo; en particular, del presidente Martín Vizcarra y de sus supuestos aliados en el sistema de justicia. Miguel Torres, secretario general encargado de Fuerza Popular, la ha calificado como “presa política”. Su esposo, Mark Villanella, ha dicho que su mujer “está secuestrada”. Alan García acusa sin tapujos a Vizcarra y a Villanueva por ser ellos mismos los que la han “encarcelado”. Es evidente, para cualquiera que se ha tomado el trabajo de escuchar los argumentos del fiscal José Domingo Pérez y del juez Richard Concepción Carchuancho, que esta lectura es falsa. Sin embargo, el fujimorismo y el Apra la consideran útil para lograr la excarcelación de su líder y, a la larga, obtener las victorias judiciales que estiman se lograrán –como tantas veces se ha hecho en el Perú– comprando o amedrentando jueces y fiscales serviles a la política. La escandalosa protección a Chávarry no es en vano. En el camino, esperan que la victimización construya ese martirologio indispensable para reconstruir opciones electorales hoy desaparecidas en el repudio popular. Si Keiko Fujimori estuviera rodeada de gente preocupada por su bienestar y no por una cuota de poder a costa de su apellido, otra sería la lectura. El asunto aquí no es político, ni hay intervención del Ejecutivo. ¿Hay algún indicio de ello? Ninguno. Vizcarra no tiene control alguno del Poder judicial o del Ministerio Público. Si tuviera algún poder, Chávarry ya no sería fiscal. Un presidente sin partido, sin bancada y sin aliados ¿qué presión va a ejercer? El despliegue político fue el del chat ‘La Botica’, con consecuencias nefastas para la situación jurídica de la hoy detenida. El asunto central es jurídico. Y es en ese escenario en el que se tiene que dar la discusión. ¿Recibió la campaña de Keiko Fujimori dinero de la empresa Odebrecht el 2011? A estas alturas, no queda duda. ¿Utilizó mecanismos prohibidos de contabilidad paralela a través tanto de eventos cuanto de aportantes ficticios? Los testimonios son detallados y contundentes. ¿Es delito hacer esto? Ese el debate jurídico a dar. Tanto los Humala como los Fujimori pueden ganarlo si cumplen dos requisitos. El primero, para la acusación, es procesal. Decir toda la verdad y debatir la aplicación del tipo penal de lavado de activos. El segundo, para el país, es de política pública. Sacar adelante la reforma integral del financiamiento de partidos prohibiendo con sanciones penales las conductas que hoy son ilícitas, pero que aún no han sido incorporadas al Código Penal. Esa sí es una reforma en serio. Sin embargo, ¿cuál es la conducta del fujimorismo y sus aliados apristas? Veamos una breve lista: a) insultar al presidente del Perú, al juez Concepción y al fiscal Pérez, b) mentir con tanto descaro que ya da risa (cosas como “no hemos blindado a Hinostroza” después de leer el chat ‘La Botica’ y con la entrevistada mirando los textos ya es de manicomio, c) promover una ley para excluir a los partidos políticos de la justicia penal (cortesía del Apra), d) inventar un golpe de Estado, estrategia promovida activamente por Alan García desesperado por revivir las circunstancias de su autoexilio de 1992, que esta vez no verá porque –tarde o temprano– será procesado y juzgado; y, la cereza del pastel, e) promover un “diálogo nacional” con quien llaman golpista, carcelero y secuestrador; es decir, con el propio presidente Martín Vizcarra. Así como van las cosas, el único golpe que vamos a ver es el que reciba Keiko Fujimori cuando en la apelación no consiga su excarcelación. ¿Acaso no va a usar el fiscal Vela todo el material intimidatorio que el fujimorismo y el aprismo le está dando para la siguiente instancia? ¿Tan torpes son que no se dan cuenta de que están aportando, con sus mismos actos de intimidación, nuevas pruebas del interés de obstruir la justicia?
