Las víctimas merecen la primera solidaridad, reconocimiento y compensaciones. Pero la muerte de Fujimori en prisión no va a resucitar a los cruelmente asesinados ni resarcir a sus escarnecidas familias.,El ex presidente Alberto Fujimori no debe volver a prisión. Este es un tema de humanidad y derechos humanos. También los presos y los violadores de derechos humanos, como el propio Fujimori, justamente sancionado, tienen derechos humanos. Por supuesto que las víctimas merecen la primera solidaridad, reconocimiento y compensaciones. Pero la muerte de Fujimori en prisión no va a resucitar a los cruelmente asesinados ni resarcir a sus escarnecidas familias. La cárcel es privación de la libertad, no condena a muerte. Cierto que Fujimori no es el único sentenciado que tiene ochenta años de edad y problemas de salud. Pero ésta no es razón para volver a encarcelarlo a él, sino, más bien, para mandar a su casa a todos sus coetáneos. Estas consideraciones no implican, en absoluto, echar al olvido las violaciones a los derechos humanos; el robo al Estado en gran escala; las arbitrariedades cometidas contra parlamentarios, jueces, diplomáticos, etc.; el imperio de la corrupción; el contrabando de armas para las FARC de Colombia; la humillante sujeción de las fuerzas armadas a un poder personal omnímodo; la manipulación electoral, el cierre del Congreso ni ninguna de las otras medidas autoritarias que caracterizaron al régimen de Fujimori. Pero sí hay en estas palabras una invitación a tratar los hechos del pasado nacional con equilibrio y ponderación, evitando las miradas maniqueas del blanco o negro, de la apología o la satanización. Fujimori también tuvo logros importantes para el país. Acabó con la hiperinflación y permitió que la inteligencia policial pusiera fin a la impotencia frente al terrorismo, dos herencias nefastas que había recibido de su antecesor. No es poca cosa. Pero, además, Fujimori, como Leguía en la primera parte del siglo XX, se abocó a resolver problemas pendientes y atender a la buena relación con los países vecinos. En esta dirección, lo más importante fue la Paz con Ecuador, de la que en estos días cumplimos 20 años y que convirtió un recelo secular, con numerosos enfrentamientos bélicos, en una fructífera relación de hermandad. Gracias a esta paz de Brasilia pudo cumplirse a plenitud el Protocolo de Río de Janeiro. El ex Canciller de Fujimori, Eduardo Ferrero, acaba de publicar, con la PUCP, un libro muy completo y didáctico sobre este proceso, titulado Perú-Ecuador, el proceso para lograr la paz. Al año siguiente, en 1999, se firma con Chile el Acta de Ejecución que da por terminados los temas pendientes del tratado de 1929, ¡setenta años después! Luego de esta Acta queda sólo el tema de la frontera marítima, que, enmarcada en el nuevo derecho de mar, vino a definirse con la sentencia de la Corte de La Haya en el 2014. Mucho antes de estos dos trascendentes pasos, en 1992, se establece en Ilo BOLIVIAMAR, que fue una playa turística sin mayor desarrollo ni impacto económico, pero, al mismo tiempo, una expresión de solidaridad concreta con un país hermano enclaustrado desde la aciaga Guerra del Pacífico. El documento de 1992 sirvió de base para un nuevo y más amplio entendimiento durante el gobierno de Toledo, que fue perfeccionado a comienzos del gobierno de Humala y suscrito con Bolivia mediante intercambio de notas, pero que no ha sido ratificado por el Congreso del Perú. Es obvio que, hoy más que nunca, el Perú puede ofrecer a Bolivia facilidades que beneficiarán también al sur del Perú y a la relación con la cuenca del Río de la Plata. Todo lo cual habrá tenido su punto de partida en BOLIVIAMAR.
